Perfil. Burgalés de 55 años, se inició en política de la mano de Valentín Niño hace casi 20 años. Ha sido diputado y senador en Cortes. En 2011 se convirtió en presidente de la Diputación, una institución a la que defiende con fervor porque es funcionario de carrera en excedencia.

El presidente de la Diputación y de los populares de Burgos, César Rico, es consciente de que el inminente septiembre que ya está vistiendo de amarillo el paisaje burgalés no es un preámbulo del otoño cualquiera. La vuelta a la rutina, en esta ocasión, marca el comienzo de los larguísimos preparativos de las próximas elecciones autonómicas y municipales, previstas para mayo de 2015. Ocho meses que parecen mucho tiempo en el calendario, pero que no son para tanto cuando hay que buscar candidatos y candidaturas para 368 municipios. Otro aspecto que distinguirá a esta larga precampaña -ya no se le puede llamar de otra manera- de otras previas es que tiene a la primera persona del plural del verbo poder como elemento diferenciador y, para algunos sectores, también amenazante. De Podemos, de la omnipresente crisis y del día a día de la Diputación habla César Rico en esta entrevista.

En diciembre declaró en DB que su deseo para 2014 era «que nos dejemos de cifras macroeconómicas para descender a las micro, que son las que llegan al ciudadano, que se cree empleo y que se vea que fluye el crédito». ¿En qué medida se ha cumplido?

Solo en un poco. Aquí hay que ser críticos con el Gobierno. Sí que es verdad que ahora hay más personas trabajando; se ve en determinados ámbitos que el consumo va incrementándose; y por los datos que facilitan las entidades bancarias, parece que el crédito empieza a fluir. Hemos dado un pasito, pero hay que pedir más. La economía funciona si funcionan las economías domésticas.

El presidente de la Diputación de Valladolid y el director general de Ordenación del Territorio en la Junta han afirmado en público estar a favor de la elección directa de diputados. ¿Qué opina?

A ver, a mí la elección directa de diputados ni me convence ni me deja de convencer. Yo no quiero entrar en que sea mejor para regenerar la vida democrática, a mí me parece una entelequia. ¿Por qué no eligen los españoles al presidente del Gobierno? ¿Está más o menos legitimado que el presidente de la Diputación porque no lo eligen los ciudadanos, sino los diputados? Puede ser que haya más cercanía con el ciudadano, pero ese tiene que ser el motivo, no que vaya a regenerarse nada.

Sí, pero atendiendo al criterio de que la Diputación es la Administración más próxima a los pueblos y a los Ayuntamientos, es también en la que esta opción tendría mayor sentido...

Sí, pero nosotros con el ciudadano tenemos un lenguaje de segundo grado; es decir, nosotros hablamos con alcaldes y concejales. Evidentemente, tenemos como finalidad mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero no lo  veo imprescindible. ¿La elección del alcalde, que ahora también está tan de moda? Vamos a ver cómo se hace, porque el resto de grupos políticos están tirando la casa por la ventana sin saber lo que hay en la casa.

¿Y qué le parece que se reforme la ley electoral para que gobierne la lista más votada a poco más de ocho meses de unas elecciones municipales?

El momento no sé si siempre es bueno o malo, eso es algo que estará en la cabeza del presidente del Gobierno. Pero si se produce esa modificación ahora, tampoco es un cambio estructural, digo como partido, para buscar estrategia... La estrategia sería que hay que buscar pactos antes de las elecciones en lugar de después, pero más allá de eso... Hay que conocer los detalles, qué porcentaje se puede tener y cómo va a servir para implementar el número de concejales, porque no se puede elegir a un alcalde que luego tenga minoría en el pleno... Ser el más votado determina que debe tener un plus de concejales en el pleno, para que le dé estabilidad política. Y ese es el objetivo final y lo que el ciudadano quiere: estabilidad.

¿Pero con la ley electoral que tenemos ahora no hay estabilidad? Es decir, las mociones y sobresaltos suelen ser anecdóticas, al menos en Burgos.

Sí, sí, claro que la hay. A lo que yo me refiero es a que si vamos a la elección directa, ese alcalde debe tener estabilidad. Y eso se consigue transportando esa mayoría al pleno. En Burgos hay estabilidad en la práctica totalidad de los Ayuntamientos. Salvo el tema de Sarracín, que es muy particular; o Villamiel de la Sierra, que el alcalde es el único que aparece en los boletines porque le retienen el dinero al no presentar las cuentas... Salvo esos dos, aquí no hay follón.

¿Qué cambiaría en la provincia para el PP si gobernaran las listas más votadas, cuántos ayuntamientos ganaría?

Por ejemplo, Miranda, Poza y Oña. Y de los que tenemos, no perderíamos prácticamente ninguno.

Son tres importantes.

Sí, pero en política nunca se sabe. Hay que trabajar hasta el final. El ciudadano no confía en un partido o en un candidato gratis, tiene que valorar y, muchas veces, se aprecia que en unas elecciones con dos urnas, el ciudadano distingue. Es decir, en un Ayuntamiento puede ser que saque más la candidatura de la comunidad autónoma que la del propio candidato a alcalde. El ciudadano siempre tiene un voto inteligente y distingue.

¿Qué opina de Podemos?

Bueno... Pues que surge, posiblemente, por la desconfianza que se tiene hacia el sistema en general y que va a empezar a tener problemas en cuanto se constituya como partido. Y entonces, hablaremos todos de casta. Creo que han jugado por libre, con ideas que son muy bonitas pero que la responsabilidad de gobierno determina que es mejor no decir esas cosas cuando uno tiene vocación de gobernar. También creo que se ha apropiado de este momento en el que nos encontramos, en el que hay mucha desidia hacia los políticos, hacia el sistema, la gente está en paro y eso crea mucha desesperanza... Podemos ha sabido aglutinar todo eso.

Mencionaba a la casta. ¿Se da por aludido cuando se habla del tema?

Yo no me siento en absoluto aludido. Es que no sé qué es eso, cuando me lo plantean digo: ‘Pues bienvenido sea el club’

¿Le sorprendió el resultado que sacaron en las elecciones europeas?

Un poco sí. No creí que fuera a sacar tantos votos. Todo el mundo les daba uno o dos, pero cinco eurodiputados...

¿Leyó su programa electoral?

No. Leí declaraciones, pero la primera línea.

¿Por qué ellos han sabido aglutinar con tanta rapidez esa desidia de la que habla?

Los expertos dicen que en las elecciones de esta naturaleza, como son las europeas, suele haber un voto de castigo a los grandes partidos. Así se ha producido habitualmente. No hay candidatos de la tierra, algo que motiva mucho más y moviliza más a los afiliados. Entonces, con Podemos ha podido pasar que mucha gente no haya visto alternativa y se haya ido a algo que suena bien, pero que también es imposible.

Usted lleva muchos años en política. ¿Qué errores cree que ha cometido el PP para que haya tanta desidia?

Creo que ha habido varios fenómenos. Primero, desinterés por la política y el sistema económico, que el ciudadano ve que no funciona. Y luego, hay que decirlo claramente, los casos de corrupción han influido. Pero aquí también quiero matizar que somos miles los que nos dedicamos a la política y, en la provincia de Burgos al menos, la mayor parte de los alcaldes y concejales no cobran nada y están 24 horas al servicio de los ciudadanos. Y eso es algo que también hay que valorar, los de los titulares no son todos los que nos dedicamos a la política.

Como presidente del PP en Burgos, ¿qué conclusiones ha sacado el partido de esta crisis?

Es un poco volver a lo mismo. Hay que estar cerca del ciudadano e intentar resolver sus problemas. Que no nos vean que somos de otra forma. Cuando al PP se nos reprocha que no hacemos nada, yo digo que el Partido Popular es sociedad: tenemos parados, estudiantes, pensionistas, funcionarios... El PP no es una entelequia, no somos ajenos a la sociedad. Y eso es lo que tenemos que transmitir, que nuestros afiliados sufren lo mismo que quienes no lo son. ¿Qué debemos hacer? Quienes tenemos responsabilidades de gobierno, intentar que si esto va mejor, que lo notemos todos. Es la fórmula para volver a tener la confianza de los ciudadanos.

¿Cómo se presenta la campaña, teniendo en cuenta al elemento diferenciador que es Podemos?

Bueno, yo tengo la máxima de no mirar a los lados. Nosotros, como PP, tenemos una línea: intentar convencer a nuestros electores y a quienes no nos han votado de que merecemos tener su confianza. Lo que hagan los demás es problema suyo. En nuestras campañas vamos a transmitir lo que hemos hecho y lo que podemos seguir haciendo.

¿Qué aspiraciones tiene César Rico?

Como presidente del partido tengo un objetivo claro: intentar presentar candidatura en los 368 ayuntamientos, que es muy complicado. Todos los ayuntamientos son importantes aunque, obviamente, hay sitios más estratégicos: Burgos es el buque insignia y Aranda y Miranda son importantes por población, pero también lo es Villagalijo. En todas partes tenemos vocación de gobierno.

¿Será Javier Lacalle el candidato a la alcaldía de Burgos?

Eso no toca ahora. Vamos a ver, creo que Javier Lacalle es un gran alcalde para Burgos. Génova nos marcará los tiempos para las capitales de provincia y Valladolid marcará el resto. Pero cuando toque, hablaremos.

Cambiando de tema, PCAS acaba de denunciar contrataciones irregulares en la Diputación entre 2007 y 2014. ¿Qué tiene que decir?

Pues que quien no es nada ni nadie en política, tiene que buscarse publicidad a costa de otros. Esperemos que la Fiscalía valore el caso lo más rápido posible, porque yo creo que no hay ningún tipo de irregularidad. Y mucho menos penales.

Alegan que la bolsa de empleo caducó en 2007 y desde entonces ha habido contrataciones.

Precisamente, cuando llegamos nosotros se planteó negociar con los sindicatos. Llevó su tiempo, pero era voluntad política renovar la bolsa de empleo porque es verdad que estaban siempre las mismas personas, es decir, las que se presentaron en su momento. Entonces, había que abrir las bolsas y las posibilidades de que pudiera trabajar más gente con nosotros. Eso se ha hecho y, de ahí, la primera evaluación con Enfermería y Auxiliar de Enfermería. Y seguiremos con el resto, las cosas se hacen con normalidad. Los técnicos determinan quién debe entrar en función de los méritos de la anterior bolsa de empleo y en lo que es la rotación normal de la bolsa.

Y tras Enfermería y Auxiliar, ¿cuáles serán las siguientes en moverse y cuándo?

Bueno, estamos esperando a que Fiscalía estudie el proceso. Las siguientes serán, creo recordar, Cocinero y Auxiliar de Cocina. Y así iremos, también en función de los criterios técnicos, que son los que determinan qué plazas hay que cubrir. Será el curso normal, en unos tiempos muy complicados, porque es verdad que han animado a muchas personas a ver una oportunidad en las bolsas de empleo y, por lo tanto, se requiere un proceso de selección muy complejo. Y hay que tener en cuenta que no es para funcionarios de carrera, sino para contratos temporales y, por lo tanto, no es un examen como el que se requeriría para ocupar una plaza de funcionario interino o de carrera.

¿Hay posibilidad de crear empleo en la Diputación?

Es muy complicado, porque tenemos la limitación que fija la Ley de Presupuestos del Estado. Pero sí que es verdad que se están produciendo jubilaciones en servicios estratégicos que tendremos que cubrir porque, si no, se extinguiría. Pero también es cierto que hasta que no se aclare cuál va a ser el papel definitivo de las Diputaciones y qué servicios vamos o no vamos a tener que prestar, hay que mirarlo con mucho cuidado.

¿Cuántas plazas han amortizado en estos años o cuántas no se han cubierto tras jubilaciones?

No lo sé de memoria, pero estará en torno a unas 30 personas al año. Pero, insisto, salvo puestos estratégicos la ley nos impide contratar.

¿Cuántas entidades locales menores han recurrido a la Diputación para presentar las cuentas anuales y el presupuesto?

Cada día se suma alguna, son muchas. No sé la cifra exacta, pero podríamos rondar el centenar de entidades a final de año. Sería un dato bueno, porque el resto, o tienen contratado el servicio con una asesoría o se lo hacen los secretarios interventores.

Hace ya más de un año que se habla de la ley estatal de Régimen Local y, sobre todo, de la ley de Ordenación del Territorio que prepara la Junta. ¿Qué cambios prácticos introducen ambas leyes en la provincia para los ciudadanos?

La ley del Estado refuerza el papel de las Diputaciones, porque nos da servicios a prestar en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en aquellos puntos a los que los consistorios no pueden llegar. Esta Diputación estaba preparada antes de la entrada en vigor de la ley para prestar esos servicios nuevos que se nos atribuyen, como es la recaudación municipal. Menos cuatro ayuntamientos, prácticamente toda la provincia está acogida a que la recaudación municipal se preste desde la Diputación. Otra competencia nueva que nosotros ya teníamos constituida es la central de contratación que, de hecho, ya tenemos varios servicios en funcionamiento. Y luego, lo típico que siempre ha hecho la Diputación: asesoramiento jurídico y planes provinciales para cooperar con los Ayuntamientos. Esas son las atribuciones que da la ley, luego está el complemento hasta que las comunidades autónomas asuman, en función de las disposiciones transitorias y adicionales, las competencias en materia de educación, consultorios médicos y servicios sociales. Están condicionadas a la financiación autonómica y a la de las corporaciones municipales y, posiblemente sean cuestiones que se resuelvan en la próxima legislatura.

Y con respecto a la ley autonómica, ¿en qué se traduce?

Es, de momento, más política porque habla de ordenación del territorio. Intenta fomentar las mancomunidades de municipios para prestar mejor los servicios, por lo menos los obligatorios.

¿Y está cerrado ya el número de mancomunidades que se crean en Burgos?

No, en este momento la Junta ha dado el primer paso para las áreas funcionales urbanas; es decir, en el entorno de 16 kilómetros de Burgos, Miranda y Aranda. Falta por delimitar el resto del mapa, en el que en primer lugar va a prestar servicios la Junta y luego las mancomunidades, con unos fines mucho más amplios de los que tienen ahora, que básicamente se limita al agua y a la recogida de basuras.

Llevamos ya casi cuatro años con la reorganización del mapa, ¿por qué está siendo tan complicado?

Es cierto que no se partía de cero, porque ya se tenía una referencia en las áreas de salud, pero no es fácil hacer una reordenación territorial. Hasta el día 11 hay plazo para presentar alegaciones a las áreas funcionales urbanas y, al menos a nosotros, no nos ha llegado ninguna, por lo que entiendo que se aprobará a finales de mes o primeros de octubre.

Pero dotando de financiación a las mancomunidades actuales e incentivando a los ayuntamientos a optimizar recursos, ¿no se podrían conseguir los mismos objetivos sin perder tres años?

Hombre... Es algo que se vislumbra en la ley. Tanto la comunidad autónoma como el Estado van a incentivar las fusiones voluntarias de municipios y las mancomunidades, que es lo que yo creo que va a primar.

Estaba previsto que a primeros de septiembre se empezara a negociar con la Junta lo relativo al traspaso de competencias en servicios sociales.

Sí, algo que hay que negociar porque el acuerdo marco que firmamos ayuntamientos y diputaciones con la Junta hay que adecuarlo antes del 31 de diciembre por imperativo legal. Pero, insisto, el grueso se hará en la próxima legislatura, porque la ley da un año más de plazo para que las comunidades autónomas deben asumir los servicios sociales. Es decir, antes del 31 de diciembre de 2015.

¿Cuánto dinero dedica ahora la Diputación a competencias impropias?

Mucho. Del presupuesto, que son 109 millones, destinamos 28 solo a servicios sociales. A centros asistenciales, 26 millones. De los cuales, salvo los aproximadamente seis millones que se recaudan de los usuarios y otros seis millones que aporta la Junta, el resto son fondos propios de la Diputación. Y luego tenemos un colegio, Santa María la Mayor, que también cuesta mantenerlo. Y otras competencias en materia educativa, como la aportación a la UNED, unos 300.000 euros cada año, y a la Escuela de Relaciones Laborales, que ronda los 280.000 euros.

¿Y se van a mantener esas cantidades?

Para Relaciones Laborales me surgen dudas, más jurídicas que políticas, dudas de que nuestros interventores nos permitan dedicar fondos a competencias que no son nuestras. En la UNED, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad establece un período de tres años. Es decir, que tendremos que negociar con la UNED y con quien tiene competencias en esa materia, que es el Ministerio de Educación. Así que creo que en tres años dejaremos de aportar. Es mucho dinero lo que destinamos a cosas que, según la ley, no vamos a tener que hacer.

Pero también es una manera de dar sentido a las Diputaciones, porque si ahora una tercera parte de su presupuesto se dedica a estas competencias y las van a perder...

Sí, pero y si yo cambio el planteamiento y digo que esos 28 millones, más los 600.000 euros de Educación, puedo aportarlos para planes de obras y servicios en los municipios, ¿no es ese el objetivo de la Diputación? Es decir, no es que la Diputación se desvirtúe por dejar de tener competencias en materia de servicios sociales o educación; al contrario, se volcaría en lo que la ley dice que sí son competencias propias.

«La Junta echa una mano, pero necesitamos que eche las dos», decía usted hace unas semanas. ¿Ve factible que la Junta aporte el 100% de la financiación para mantener residencias?

En el convenio que tenemos vienen las partidas para la financiación. Y esperemos que el año que viene sean más generosos. Y dado que, a partir del 2016 tienen que asumir esa competencia, que empiecen también a asumir la financiación de estos costes. Pero la ley también permite que la Junta delegue esa competencia con la financiación oportuna, que es lo que pide la ley.

Pero parece difícil que vayan a poner el 100%.

Bueno, pero podemos negociar un sistema transitorio, algo paulatino a lo largo de unos años... Caben muchas fórmulas.

Este año se han dedicado 30 millones a planes de obras provinciales. ¿Cuántos y en qué se han invertido ya?

Hemos invertido en muchos ámbitos. El más importante, planes provinciales:en torno a trece millones. Y los Ayuntamientos pueden elegir entre hacer una obra o gasto corriente. La ventaja de esto último es que se justifica en un año y no en varios. Otro millón y medio lo hemos dedicado a un plan de Aguas y nos hemos quedado cortos, porque hemos visto que hay muchas necesidades y, en el presupuesto de 2015 intentaremos incorporar algo más de dinero al plan de Aguas; otros dos millones han ido a carreteras municipales y a caminos rurales; millón y medio para instalaciones deportivas, primando aquellos ayuntamientos que tienen algún colegio o instituto cerca para que se utilice el mayor tiempo posible; para las iglesias hemos destinado 400.000 euros de fondos propios de la Diputación y otro millón para obras de urgente necesidad. Esas son las líneas más importantes de financiación, que también ayudan a mantener y generar empleo, claro.

Pero esa labor de suministrar financiación, podría hacerla otra Administración. ¿Qué ocurriría en la provincia si la Diputación no existiera, cómo reivindicar su papel?

Todos somos conscientes de que cualquier Administración puede asumir lo que hace la Comunidad Autónoma o lo que hacen las Diputaciones;es decir, el propio Estado podría volver a asumir todo. Pero la entidad más cercana a los Ayuntamientos son las Diputaciones, saben que tienen a un diputado de la zona que los representa, atiende y que les busca soluciones. Más allá de lo tradicional, del dinero, los Ayuntamientos reclaman saber lo que tienen que hacer. No es baladí que de 368 ayuntamientos, solamente cuatro no tengan atribuida la delegación de competencia en materia de recaudación. Eso es que funciona. La Diputación es compatible con otros órganos. Soy un ferviente defensor, no solo por convicción política, sino también por convicción profesional.

La Sociedad para la Gestión del Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) se va a encargar de la obra del segundo vaso del vertedero de Abajas. ¿Esa intervención pone fin al tira y afloja de la Diputación y el Ayuntamiento  en el Consorcio?

Sí. Yo creo que ese es un logro que hemos conseguido en esta legislatura. Gracias a una negociación realizada primero con el Ayuntamiento en algo que no es fácil, en relación a un servicio público esencial, que cuesta mucho dinero y al que el ciudadano le pide eficacia y un precio asequible. Conjugar todo eso ha sido complejo.Y luego, la entrada de Somacyl, tiene la ventaja de conocer el negocio, contar con fondos europeos y, por lo tanto, el coste de lo que va a ser la gestión del vertedero, va a ser menor y tiene que repercutir sí o sí en las tarifas que luego tenemos que aplicar a los ciudadanos. Ese fue el objetivo que nos marcamos desde el comienzo.