El Ayuntamiento arandino va a encargar a un gabinete jurídico externo la elaboración de un informe para determinar las posibilidades de llevar el expediente del incumplimiento del contrato de construcción de la plaza de toros a la vía judicial, una vez zanjada la opción de legalizar las instalaciones y conceder la licencia definitiva y prácticamente descartada una rescisión amistosa con Toros Ricor.

Se trata de una herramienta previa a la adopción de cualquier decisión municipal que solicitó el PSOE en la reunión monográfica de enero con el fin de conocer qué opciones tiene la administración local y cómo plantear ante los tribunales la resolución del contrato, tanto en vía civil como judicial, incluyendo la reclamación de daños y perjuicios y, en la medida de lo posible, evitar demoler el coso y devolver los terrenos expeditos.

Los grupos políticos coincidieron ayer en la Comisión de Urbanismo en la decisión de realizar este encargo al gabinete del letrado Javier Esgueva, quien ya ha representado ante los tribunales al Consistorio arandino en el largo contencioso que mantiene con el empresario taurino Victoriano del Río.

El concejal de Urbanismo, José Ignacio Díez, avanzó que el informe estará listo en un plazo aproximado de entre 15 ó 20 días, lo que permitirá , tal y como se había comprometido personalmente, adoptar una decisión definitiva sobre este conflicto antes de mayo.

«El compromiso ha sido que una vez lo tengamos, traerlo a una comisión en un punto, leerlo de arriba abajo y dar el siguiente paso. Si este informe nos deja las puertas abiertas de una manera razonable  a lo que ya habíamos adelantado en otras reuniones, que es intentar defender los intereses del Ayuntamiento por la vía judicial, así se hará», garantizó.

La necesidad de agilizar la máximo la disponibilidad de este informe, junto a que  «la carga de trabajo» que tienen en estos momentos el oficial letrado mayor del Ayuntamiento y el secretario municipal «desaconsejaba» encargárselo a los servicios jurídicos municipales, son los argumentos que esgrime Díez para encargar el trabajo a un despacho de abogados externo. Unos razonamientos a los que unió el hecho de que se considera que el importe económico «tampoco es descabellado porque en todo caso es un contrato menor que es inferior a 18.000 euros».

  Díez reveló que desde el último encuentro que mantuvieron con Victoriano del Río el pasado verano, en el que ninguna de las partes quiso poner primero sobre la mesa una valoración para tratar de llegar a la rescisión pactada del contrato, no han vuelto a reunirse con el empresario. Sin embargo sí que indicó que previsiblemente una vez que se tenga el informe jurídico previo «con las conclusiones  y el propio diagrama -de flujo- que en su día dejaba pendiente una última reunión pues obviamente, aunque solo sea por pura prudencia, la abordemos».