No se escondió ni se andó por las ramas. José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dejó meridianamente claro que con el presupuesto destinado por el Gobierno al Ministerio de Justicia en 2014 es inviable realizar cualquier reforma judicial. «¡Con menos dinero que este año qué reforma se va a acometer!», aseguró.
Concepción, que participó en un desayuno informativo organizado por la Agencia Efe, criticó la escasez de recursos económicos, pues «la partida destinada a infraestructuras ha disminuido y la mayoría va destinada a la reforma de la Audiencia Nacional», poniendo como ejemplo los 200.000 euros consignados para la Ciudad de la Justicia de Valladolid. Asimismo, más lamentable es la «inexistencia de presupuesto para nuevas tecnologías aplicadas a una Justicia del siglo XXI, a pesar de que debería haberse cuadruplicado» para una renovación similar a de hace años en la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.
Con todos estos mimbres, el presidente del TSJ tiene claro que el Ministerio no podrá llevar a cabo la modernización de la Justicia a través de la nueva Ley de Planta y Demarcación o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El magistrado, que aplaude que «por primera vez un Gobierno acometa una reforma judicial», considera imposible de desarrollar antes de concluir la legislatura, pues «de momento solo hay un borrador, ni siquiera un anteproyecto, y además sin dinero no se puede hacer una reforma».
Concepción, que destacó que los profesionales de la Justicia «vivimos en la misma indefinición que el resto de los ciudadanos» sobre las intenciones del Gobierno en la futura Ley de Planta y Demarcaciones. «El Ministerio de Justicia dice no haber asumido el borrador elaborado por unos expertos», aunque el presidente del Tribunal Superior reconoce que los jueces ven con buenos ojos una reforma de las demarcaciones «porque no puede funcionar la Justicia en el siglo XXI con un sistema del XIX».
«Lo queramos o no, hay partidos judiciales que no tienen sentido de ser ni siquiera volumen para mantenerse», aseguró el magistrado, quien no obstante aboga por no cerrar sedes judiciales, sino aprovecharlas para declaraciones o celebración de vistas por videoconferencia. «La distancia no se puede medir en kilómetros en el siglo XXI, los ciudadanos lo entenderán si se ofrece una solución mejor y más rápida», concluyó.
Sobre la polémica en torno a la capitalidad judicial de Burgos, Concepción sentenció que «los que ahora ponen el grito en el cielo no se han preocupado durante años por los medios o la dotación del TSJ» en la capital burgalesa, aunque afirma que «no creo que se haya puesto en tela de juicio la capital judicial de Burgos», sino que se «recomienda con buen criterio» el desdoblamiento de las salas civil y penal, tal como ya sucede con las de lo contencioso-administrativo y de lo social.
Finalmente, Concepción reconoció que los juzgados de lo penal y de lo social son los más atascados. La mayor demora en los señalamientos en el orden social se produce en León, Ponferrada, Valladolid, Segovia y Burgos.