Las comunidades de vecinos que calientan sus edificios con gasoil parecen estar de enhorabuena. A la caída del precio del combustible en los últimos meses, que está repercutiendo en el pago de unas facturas más reducidas de la calefacción, ahora se suma las devoluciones que ha empezado a realizar la Agencia Tributaria por lo que recaudó indebidamente por el conocido ‘céntimo sanitario’.
El importe que el Ministerio de Hacienda debería devolver a las comunidades de vecinos que utilizan gasoil en sus edificios en toda la provincia asciende a 434.778 euros. Esa es la cantidad que se cobró de más teniendo en cuenta los datos de consumo de este combustible en Burgos entre 2010 y 2012. Lo anterior, lo comprendido entre 2002 y esa fecha, no se puede exigir ya que ha prescrito. Eso, salvo en el caso de quienes tuvieron la buena vista de presentar una reclamación durante esos años. Quien no lo haya hecho aún, ya solo podrá pedir la devolución de las anualidades de 2011 y 2012 ya que los importes a pagar continúan venciendo.
Según los datos publicados por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), organismo dependiente del Ministerio de Industria, el consumo de gasoil de tipo C en la provincia de Burgos durante esos tres años fue de 72.463 toneladas. Por cada una de ellas Hacienda deberá devolver 6 euros que nunca debió haber cobrado. Lo único que tienen que haber hecho es justificar debidamente las facturas y presentar toda la documentación que requiere la Agencia Tributaria. En la propia página web figura un modelo de solicitud para solicitar la devolución.
El ahorro no es baladí. El importe medio que puede recibir un bloque de 40 viviendas que consuma alrededor 50.000 litros de gasoil al año puede rondar los 600 euros. El Gobierno se da un plazo máximo de seis meses para dar contestación a cada una de las reclamaciones aunque ya a mediados de enero se supo que a una comunidad de vecinos de Madrid se la había ingresado más de 2.000 euros. Lo que se le debía, más los intereses.
Fue una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la que dictaminó que el ‘centimazo’ era ilegal y que se debía devolver lo recaudado entre 2010 y 2012 (tanto del tramo nacional como del autonómico). No así lo que ingresó a partir de 2013 ya que entonces se empezó a cobrar como Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (dejó de vincularse la recaudación a gastos sanitarios). Lo que no se sabe es lo que se terminará ahorrando el Gobierno por todos aquellos que, por la razón que fuere, no han exigido lo que les corresponde.