Resulta difícil centrarse en los temas estrictamente deportivos con el revuelo que sigue latente en Segunda, pero es el objetivo que se ha fijado el Mirandés. Desde que el lunes se ratificara que tiene plaza asegurada en la categoría, todos los estamentos del club han optado por pasar página, al menos públicamente, y dedicarse a la planificación de la nueva temporada.
Así la plantilla trabaja con la mente puesta exclusivamente en el partido del domingo ante el Lugo mientras que en las oficinas de La Estación la prioridade es la campaña de socios. La sensación que se transmite desde la entidad rojilla es de total tranquilidad, aunque a nadie se le escapa que hoy en el juzgado Mercantil de Madrid se vivirá un nuevo capítulo legal del ‘caso Murcia’.
Como ha hecho a lo largo de todo el proceso, el Mirandés mantiene un silencio absoluto sobre este tema, con la confianza de que independientemente de lo que pueda deparar esta audiencia, Anduva vivirá fútbol de Segunda. A la tranquilidad rojilla contribuye que Mediapro ya se ha puesto en contacto para gestionar la retransmisión del domingo, a lo que se une que la Liga ha dejado claro en más de una ocasión que los rojillos son equipo de la categoría de pleno derecho.
Pero, ¿qué puede pasar hoy en Madrid? El juez ha citado a LFP y Real Murcia para escuchar la versión de ambas partes y decidir sobre la cautelar. La intención de la Liga es que se revoque el auto que le obliga a la inscripción de los pimentoneros e incluso ofrecerá una fianza compensatoria por si cuando termine el proceso se dictamina que los de Jesús Samper tenían razón.
Pero incluso en el supuesto de que se ratifique la cautelar, el auto podría devenir en ‘ilusorio’, es decir, que la medida sería de imposible cumplimiento por no incluir el Real Murcia en su demanda que su reingreso supondría el descenso del Mirandés ni tampoco la mediación de la RFEF para modificar el formato de competición. Esta es la versión que defenderá en caso último la Liga, quien considera que en base a los ‘vacíos legales’ de la demanda, el juez carece de competencia para ordenar el descenso de los rojillos o la ampliación del cupo de participantes. Se libraría de este modo la LFP del desacato y la sentencia quedaría frustrada con el inicio del torneo.