Un poco de contexto. El área municipal de Vías Públicas, encargada de todo lo relativo al mantenimiento de la ciudad y que, por tanto, incluye la gestión de algunos de los contratos más importantes de la ciudad, está englobada en otra de mayor dimensión que es la de Licencias y Vías Públicas.

El área de Vías Públicas la dirige el concejal Santiago González Braceras, pero el de Licencias es potestad de Dolores Calleja, que al tiempo es quien preside la comisión que aglutina ambas secciones. Dado que Calleja es la presidenta, González no lo es. Dado que Calleja es la presidenta, «no responde» a las preguntas de la oposición relacionadas con el área de Vías Públicas, «y al concejal responsable no se las podemos hacer porque no es miembro de esta comisión a pesar de ser un concejal con dedicación exclusiva (a sueldo)», en palabras de la edil socialista Esther Peñalba.

Entre los ejemplos que el PSOE cita para demostrar que no encuentran respuesta a algunas preguntas por la situación aquí descrita se encuentran «los informes técnicos o económicos en los que se ha apoyado la decisión del apagón parcial del alumbrado público» y, sobre todo, la multiplicación de contratos vinculados a los arreglos comunes de las calles de la ciudad.

contrato cuestionado. Sobre este particular, Peñalba se refirió al procedimiento ya abierto para contratar a una empresa, que cobrará 600.000 euros al año, para «complementar los trabajos de la brigada municipal de obras». Dicha convocatoria ha causado incluso la reacción del propio comité de empresa del Ayuntamiento, que mediante un escrito ha pedido que se anule la convocatoria porque con los medios materiales y personales con los que cuenta la brigada municipal se puede asumir ese trabajo.

Pero no solo los trabajadores del Ayuntamiento consideran que ese dinero debería ahorrarse. En el grupo mayoritario de la oposición explican que, a la brigada municipal, en la que trabajan «30 personas», y a la empresa que se adjudique los ‘trabajos complementarios’, se suma la existencia del denominado ‘Telebaldosa’.

Se trata de un servicio que también se presta a través del contrato con una empresa privada «que cobra un canon fijo de 324.000 euros al año aunque no haga nada y puede cobrar hasta 800.000 euros anuales si ejecuta trabajos por ese valor». «Los tres se dedican exactamente a lo mismo y los propios trabajadores municipales dicen que lo pueden hacer ellos», amplió la concejala del PSOE.

Dado que «al preguntar no obtenemos respuesta porque el concejal no está en la Comisión», Peñalba anunció ayer que en la reunión de Licencias y Vías Públicas «vamos a solicitar la suspensión del contrato de 600.000 euros alegando razones de interés público, que es una solución contemplada en la legislación, y pediremos un informe totalmente detallado de lo que hace cada cual para ver si es necesario o prescindible disminuir la plantilla de la brigada municipal en beneficio de la ‘externalización’ de servicios».