Las concentraciones parcelarias de tierras de cultivo son mecanismos que, por su complejidad, se dilatan en el tiempo. Cinco y seis años de duración media, aunque en los casos más complejos pueden llegar a una década. Las nuevas medidas incluidas en el proyecto de Ley Agraria, que ayer aprobó el Consejo de Gobierno, incluyen nuevos procesos simplifican los trámites y permitirán reducir los plazos a la mitad, según destacó la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, al exponer las principales novedades de la futura normativa.

 

La ley modifica el régimen jurídico de la concentración parcelaria y establece dos tipos: aquellas que conllevan la ejecución de infraestructura y las que tienen como finalidad reordenar la propiedad. Para éstas últimas se abre la vía de la participación privada, si bien Clemente precisó que es voluntaria y que se trata de agilizar un proceso para propietarios que en la mayoría de los casos no residen en el campo.

 

El proyecto de ley Agraria de Castilla y León prioriza a jóvenes y mujeres para facilitar su incorporación al sector, fomenta el agricultor a título principal, crea un registro único de explotaciones, abre por primera vez la participación privada en la ejecución de concentraciones parcelarias y recoge un defensor para el control y la denuncia de posibles prácticas abusivas. Estas son algunas de las novedades de la nueva normativa aprobada hoy por el Consejo de Gobierno, en la que el campo y la industria agroalimentaria se definen como sector estratégico, según explicó la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, en declaraciones recogidas por Ical.

 

Clemente, que espera una tramitación rápida en las Cortes para su aprobación «lo antes posible», destacó el carácter estratégico que se da al sector y la apuesta que se realiza por dos colectivos, como los jóvenes y las mujeres, para que exista igualdad en su incorporación al campo. La consejera estimó lógico esa apuesta y recordó que el 25 por ciento de los jóvenes incorporados al campo corresponden a Castilla y León.

 

En cinco libros y 209 artículos se recoge la política de igualdad, rejuvenecimiento del sector y la apuesta por el I+D+i, el marco básico de la producción agraria, la comercialización, la participación e interlocución y el régimen sancionador, que se blinda al elevarle a rango de ley. Para favorecer la igualdad real y efectiva de la mujer, se recoge la titularidad exclusiva y la compartida.

 

En las explotaciones agrarias, se fijan unas directrices y canónes relativas a la rentabilidad y viabilidad que permitirá a la Consejería determinar las ayudas y los apoyos que puede conceder. Además, se crea un registro único y obligatorio para la inscripción de las explotaciones, que unifica los 35 actuales, y permitirá reducir la carga burocrática, ya que los agricultores no tendrán que presentar nueva documentación en cualquier otro proceso administrativo que tengan que realizar.

 

Otro de los elementos que se recogen es un fondo de tierras disponibles con el objetivo de poner en valor tierras abandonadas, asegurar la continuidad de las explotaciones y promover la incorporación de jóvenes y mujeres. Los planes de ordenación de zonas de especial interés agrario es otra de las novedades, además el proyecto de ley entra en la regulación en la lucha contra plagas agrícolas y enfermedades animales.

 

En el ámbito de la comercialización, dedica un capítulo a la marca ‘Tierra de Sabor’, con el reconocimiento de rango de ley para los productos amparados en esta figura, y fomenta el arbitraje y la mediación en el ámbito de los contratos agrarios.