Los tres magistrados de la Audiencia de Segovia decidirán en un auto, en el plazo de una semana, si continúa adelante el juicio de las prejubilaciones de Caja Segovia en febrero, al tener que resolver las múltiples cuestiones previas planteadas, en la primera sesión, por las defensas de los seis acusados por apropiación indebida y administración desleal, los cinco acusados a título lucrativo y la aseguradora Caser, que reclamaron sobreseer la causa por no acreditarse el perjuicio sufrido por la Fundación Caja Segovia para ejercer como acusación particular.
La sesión arrancó 20 minutos de retraso escuchando a los seis principales acusados, que se enfrentan a peticiones de cárcel entre los tres y nueve años, respondiendo al presidente de la Sala, José Miguel García Moreno, estar en desacuerdo con los escritos escritos de acusación y las peticiones incluidas en ellos, como informa Ical. El más explícito fue el exdirector general de Caja Segovia, Manuel Escribano, con un contudente “profundamente no”. El resto de acusados, Atilano Soto, Elena García Gil, Manuel Agudíez, Antonio Tapias y Enrique Quintanilla, usaron la fórmula: “no estoy de acuerdo”.
En un larguísimo turno de intervenciones de las defensas, que se extendió por espacio de casi dos horas, los abogadores defensores dieron las razones por las que piden a la Audiencia que no continúe con la vista oral, pidiendo que se retire a la Fundación Caja Segovia como acusación particular y, al no exisitir acusación de la Fiscalía, que de hecho pidió el sobreseimiento y se adhirió a las tesis de las defensas, se debe aplicar ‘la doctrina Botín’ y dar por cerrado el proceso penal contra los acusados.
Los abogados de los cinco exdirectivos de Caja Segovia acusados a título lucrativo, a los que se solicita que devuelvan las cantidades cobradas, solicitaron también, con argumentos propios y otros compartidos, que se retire a la fundación y remarcaron que losdelitos de los que se acusan a sus clientes han prescrito.
Todas estas tesis fueron negadas por el abogado de la Fundación Caja Segovia, Rafael Iturriaga, que sostuvo que la condición de acusación particular se tiene que acreditar “en el momento de la consumación del delito”, que se produjo el 31 de didicembre de 2010, cuando “se hace la transferencia de más de 17 millones de euros a favor de Caser, dotando esas polizas y haciendo “inutilizable” esas cantidades, que recibieron los exdirectivos y exaltos cargos de Caja Segovia.