Uno de los dos técnicos del Club Gimnasia Burgos acusado de sabotear un aparato antes de que comenzaran a entrenar los deportistas del club rival, el Club Ciudad Deportiva Militar, ha sido condenado a seis días de localización permanente (antiguo arresto domiciliario). El Juzgado de Instrucción 4 de Burgos considera a Sergio Alonso Andreu culpable de una falta de lesiones en grado de tentativa y le absuelve de una falta de coacciones. A la otra entrenadora imputada, Mónica Antolín, la considera inocente.

La titular del órgano judicial estima probado que el técnico Sergio Alonso se dirigió a un compañero cuando ambos estaban en el polideportivo San Pedro y San Felices, el 24 de enero, y le comentó que «tenía intención de desenganchar los anclajes del minitramp para que se les quiten las ganas de volver a los del Club Ciudad Deportiva». El otro entrenador le contestó que los niños no tenían la culpa, que si tenía discrepancias con los responsables del otro equipo debía resolverlas con ellos.

Con todo, el imputado «procedió a quitar los anclajes de seguridad del minitramp con conocimiento de que iba a ser usado por gimnastas» del Club GAF Ciudad Deportiva Militar a partir de las 16 horas de aquella misma jornada.  El acusado cometió la imprudencia de comentar su acción en un grupo de whatsapp, en el que puso: «El mini lo he dejado desenganchado».

A las 15,59 horas de ese día el entrenador que había tratado de impedir que Sergio Andreu saboteara el aparato envió un mensaje a  José Luis Sánchez Santamaría, entrenador del Ciudad Deportiva, en el que le advierte de que deben «poner los anclajes» porque Sergio «los ha desmontado para que al saltar» puedan «lesionarse» los niños de su equipo.  Y, además, le informaba de que por la tarde el inculpado «se iba a pasar» por el polideportivo «a echar unas fotos para reclamar al Ayuntamiento por los desperfectos».

El técnico del Gimnasia Burgos que no estaba de acuerdo con la forma de proceder de su compañero pidió al técnico rival que se «curaran en salud y que dejaran todo como estaba», porque a ese «chaval se le va la pinza», en referencia al acusado. «No podría dormir tranquilo si no os lo decía», remataba el mensaje.

Cuando los gimnastas llegaron a entrenar ese día, José Luis Sánchez Santamaría comprobó el estado de los anclajes. Para ello una de las gimnastas, sujetada por los técnicos, hizo un salto sin impulso ni carrera, «lo que motivó que cediera el minitramp, al no tener colocadas las sujeciones». Asimismo, señala la sentencia, «no queda fehacientemente acreditado que Mónica Antolín tuviera participación en los hechos».

El imputado alegó que en la fecha de los hechos mantenía una mala relación con su compañero entrenador, el que informó al otro club de sus intenciones. Pero la jueza estima que en «los mensajes» de Sergio al otro técnico «no hay atisbo de enemistad ni desencuentro». El acusado también se defendió advirtiendo de que desmontó el minitramp «para que no se utilizara, para que no se estropease». Pero el conserje del polideportivo declaró que observó que «faltaban los seguros del aparato» y que «no era habitual que estuviera desenganchado».

La magistrada considera que la acción de «desencajar» que describe el acusado «no tiene utilidad ninguna si no se retira el aparato», por lo que concluye que «el acto de quitar los anclajes va únicamente encaminado a quitar seguridad».

Respecto de la falta de coacciones, de la que han sido absueltos ambos acusados, el tribunal considera que no hay pruebas. El Ciudad Deportiva denunció que se había producido «un descenso del rendimiento de sus gimnastas desde los hechos», pero la sentencia establece que «no ha sido referido ningún cese de actividad ni la limitación de uso de los aparatos ni el número de éstos».

En relación a Mónica Antolín, el juzgado no aprecia participación penal en los hechos, entre otras cosas porque no se encontraba en Burgos en esa fecha. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso en la Audiencia.