Dos sentencias reactivan la millonaria deuda del desvío

P.C.P.
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El Tribunal Supremo confirma el derecho de Ortiz a cobrar unos 7 millones para liquidar la estación de trenes y rechaza la indemnización de 4,6 millones que pedía EyM

Aprobada la reestructuración de las deudas de los consorcios del desvío del tren y el polígono de Villalonquéjar, la ciudad ha respirado aliviada, tras solventar dos de sus problemas financieros más graves. Pero no los únicos. Existe un tercero del que nadie parece, o quiere, acordarse pero que supondrá un gravísimo quebradero de cabeza para la corporación municipal que tenga que negociarlo con el Estado. El sobrecoste de las obras de la variante ferroviaria, que no está calculado con exactitud pero que podría superar los 200 millones de euros.

Y ese día cada vez está más cerca, porque el camino judicial de la reclamaciones que interpusieron las adjudicatarias de los diferentes tramos y servicios toca a su fin. Tras pasar por la Audiencia Nacional con resultado dispar, los contenciosos llegaron al Tribunal Supremo, que ya ha emitido al menos tres resoluciones. En cuanto concluya el trabajo de los magistrados se podrá determinar con exactitud cuánto costó sacar las vías de la ciudad y entonces llegará el momento de ajustar cuentas entre el Ministerio de Fomento, que se ha encargado de todos estos pagos al figurar como el único órgano contratante de estas obras, y el Ayuntamiento de Burgos, que más temprano que tarde, tendrá que sentarse a negociar.

La última de las resoluciones viene con caras noticias para la ciudad. La Sala de loContencioso Administrativo del TribunalSupremo reconoce el derecho de la constructora Ortiz a cobrar unos 7 millones de euros por la nueva estación Rosa de Lima, que se inauguró en 2008, aunque los trabajos finalizaron de forma efectiva en agosto del año siguiente. Concluye así, una década después, el pleito de liquidación de una obra por la que la administración ha pagado 12,68 millones ya. Sin embargo, la constructora le reclamaba un total de 22 más IVA, al entender que debían serle abonadas otras obras que no estaban recogidas en el proyecto original, sobrecostes por circunstancias que alteraron la normal ejecución de las obras, una indebida aplicación del cuadro de precios y una revisión de los mismos.