El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció el pasado viernes que el Gobierno devolverá otro 25% de la paga extra de Navidad a los funcionarios, mientras que el otro 50% pendiente de pagar se ingresará el próximo año. El  25% restante ya se devolvió a comienzos de este año. El anuncio, calificado como muchos de «electoralista» teniendo en cuenta que los comicios generales se celebrarán a finales de este año, solo afecta a los funcionarios de la administración pública estatal, dejando en manos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos la decisión de si se suman o no a esta medida. Según las previsiones de Montoro, los funcionarios recibirán el 25% de la paga en septiembre. 

En Miranda, la concejala de Hacienda, Laura Torres, es también partidaria de «devolver a cada uno lo que le corresponde y que nunca se debió quitar», pero explica que antes de dar ninguna orden al departamento económico, quiere esperar a que se publique en el Boletín Oficial del Estado el decreto correspondiente. «Montoro hasta ahora lo que ha hecho es dar una rueda de prensa y anunciarlo, pero necesitamos que le dé forma legal, que salga en un Real Decreto similar al que el Gobierno hizo cuando anunció que se suprimía esa paga extra de 2012».

La concejala ya avanza que su intención es reunirse con los sindicatos con representación municipal en mesas de negociación, aunque a priori abre la mano a pagar ese importe tanto a los funcionarios como al personal laboral. «Lo mismo que nosotros cumplimos para quitar, que nos obligaron a ello, ahora también vamos  a cumplir para devolver», expone, y aclara que «ésta es la primera vez que se va a devolver algo a los funcionarios de dicha paga, porque lo que se les devolvió en su día a todos los trabajadores públicos no se les tenía que haber quitado porque ya lo habían devengado». Dicha paga extra se suprimió por un Real Decreto Ley de 14 de julio de 2012, y los trabajadores empezaron a devengar la paga de Navidad el día 1 de junio, sumando un total de 44 días devengados hasta el 14 de julio. «Esa es la parte en el caso de los funcionarios, porque los laborales empezaron a devengar esa paga el 1 de julio con lo cual se les tuvo que devolver 14 días», matiza.

Esta diferencia de días devengados entre unos y otros trabajadores municipales originó un malestar del que salieron peor parados los laborales, que se concentraron semanalmente a las puertas del Ayuntamiento durante meses exigiendo un «trato igualitario» y que se les abonara también el dinero de esos 44 días, correspondientes al 25% de la paga.  Ante esto, Torres siempre recalca que funcionarios y laborales se rigen por convenios distintos y que esa situación se deriva de la aplicación del Acuerdo y Convenio de cada colectivo. 

El Ayuntamiento no ha calculado aún cuánto dinero supondrá la devolución de este 25% de la paga extra y el montante restante en 2016, aunque avanza que no supondrá un problema de tesorería. «En otros municipios esto creará un problema grave, porque cualquier ayuntamiento no puede soportar ahora pagar ese dinero en el mes de septiembre. Van a tener que elegir, por ejemplo, entre pagar la extra o a los proveedores».