Alberto Calvo, exalcalde de Cardeñadijo; Juan Carlos Gutiérrez, secretario; José Miguel Gascón, arquitecto municipal y Francisco Elena, arquitecto técnico del Ayuntamiento, se enfrentan a 5 años y 6 meses de prisión, 6 años de inhabilitación para cargo público, incluidos los electivos, y 20 meses de multa a razón de 50 euros diarios tras decretarse la apertura de juicio oral contra ellos. Los cuatro han sido imputados por sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público.
La actual Corporación, que denunció a los ahora acusados tras acceder al Ayuntamiento en las elecciones municipales de 2007, está personada como acusación particular y pide penas aún mayores que las de Fiscalía para el que fuera alcalde durante los años 1999 a 2007, el secretario interventor y los tres técnicos municipales, que ya no prestan sus servicios en el Ayuntamiento de Cardeñadijo.
Los hechos considerados delictivos se remontan al año 2003 cuando los imputados entraron en contacto con los representantes de la UTEMD Proycon y Promotora Fuente Catalina. Tal y como recoge el informe de Fiscalía, con la premisa de que era necesario dotar al municipio de nuevas infraestructuras -edificio municipal, centro de salud y polideportivo- los acusados ofrecieron a la constructora suelo municipal que se entregaría a éstos últimos en pago de la construcción de estos edificios que también se levantarían en terreno municipal.
Así, se acordó una permuta por obra futura con la UTE de varias fincas rústicas y urbanas municipales en el Plan Parcial UR-1, la Unidad de Actuación 6 y dos fincas rústicas al pago de ‘El Prado’. La valoración de estos bienes se cifró en 3,24 millones de euros y el acuerdo de permuta se aprobó en sesión plenaria en septiembre de 2003 -el suelo se inscribió posteriormente a nombre de la UTE-. Ésta se obligaba a construir, además, una residencia de ancianos y una guardería infantil. Igualmente, la constructora se comprometía a abonar al Ayuntamiento 138.976 euros por la diferencia entre el valor en que se estimaron los bienes municipales y la obra a ejecutar, y a constituir 6 avales por una cuantía del 50% del proyecto de ejecución material.
Por su parte, el Ayuntamiento aprobó los correspondientes proyectos de actuación y estudios de detalles de los planes y unidades de actuación. En ese mismo pleno de 29 de enero de 2004 se aprobó en pleno el convenio entre el Ayuntamiento y la UTE y 5 meses después, mediante decreto del alcalde se concedió licencia de obra a la constructora para 79 viviendas en la Unidad de Actuación UA-6 y en el Plan Parcial UR-1. La Diputación denegó en 2007 la permuta de los bienes acordada al carecer éstos de «existencia real» en la fecha del acuerdo.
Pese a ello, la empresa levantó los edificios que no llegó a terminar; inmuebles, por otra parte, que la Corporación que ganó las elecciones de 2007, con Daniela Grijalvo a la cabeza, no recepcionó ante la anulación de la permuta, y en 2009 presentó una denuncia en Fiscalía contra el alcalde y al resto de trabajadores municipales ahora imputados tras detectar las diversas irregularidades.
La alcaldesa explicaba ayer que si los denunciados son culpables de los delitos de malversación de fondos públicos y falsedad de documentos «es justo y legal» que el dinero se devuelva y que los responsables «respondan» de por qué lo hicieron y dejaron al Ayuntamiento en las dificultades económicas que encontró la actual Corporación. Ésta ha tenido grandes dificultades de gestión municipal, pese a lo cual ha logrado la estabilidad económica, pagar deudas y a los proveedores y un ahorro neto anual de 70.000 euros.