El presidente de la Generalitat, Artur Mas, dio ayer el pistoletazo de salida a la precampaña electoral en Cataluña con la firma del decreto mediante el cual convoca a los ciudadanos a las urnas el próximo 27 de septiembre, quedando así, según lo previsto, el inicio de la campaña para el 11 del próximo mes, coincidiendo con la Diada. El acto estuvo marcado por los reproches proferidos por el mandatario, quien censuró al Gobierno central haber precipitado estos comicios por no haber permitido una consulta «legal y acordada».
En una declaración institucional tras la rúbrica, Mas señaló que el texto es similar al de anteriores convocatorias y sigue el marco legal vigente, pero remarcó que la cita será muy diferente en el fondo y no se celebra cuando corresponde -en 2016- porque «Cataluña no vive en condiciones normales».
Mas argumentó que la región está sumida en esta situación «anormal» porque «a una mayoría» se le niega el derecho a decidir, «impidiendo el diálogo y la negociación y, por tanto, el acuerdo y el pacto», un momento excepcional que, subrayó, «requiere de decisiones excepcionales», como el adelanto electoral.
Aunque en todo el discurso no pronunció la palabra plebiscito, sí remarcó que el 27-S es consecuencia de la «necesidad de responder a un anhelo democrático», afirmando que Cataluña es «una nación milenaria que tiene derecho a decidir su futuro» y auguró que en los próximos dos meses Cataluña volverá a estar en el foco internacional.
El president animó a todas las fuerzas a presentar sus propuestas y proyectos, así como a «respetar todo lo que los ciudadanos decidan y aceptar el compromiso de asumir vías políticas y legales para implementar el mandato democrático». «Asumamos cada uno de nosotros la responsabilidad y el protagonismo que el momento pide y hagámonos dignos de él», zanjó el jefe del Ejecutivo regional.
Fracaso. Horas antes de estas palabras, desde Madrid, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó al líder convergente que la ley solo le da «competencia» para disolver la Cámara y convocar unas autonómicas. «Lo que pido es el respeto a la legalidad y a la neutralidad. Lo menos que puede hacerse es respetar la voluntad de los ciudadanos de Cataluña», declaró.
«Desde la Generalitat uno tiene que mantener siempre el respeto para todos los catalanes porque, aunque no se note mucho, gobierna para todos», enfatizó.
Asimismo, advirtió de que desde el Gobierno central estarán «vigilantes» ante cualquier utilización que desde las instituciones se pueda hacer del día de la Diada. «Que nadie tenga la menor duda de que en España y en Cataluña expresamente rige la Ley de Régimen Electoral General. Nosotros, en cualquier acto de este proceso, lo que pediremos y vigilaremos es el cumplimiento estricto de la ley, entre otras cosas, porque es la única manera de respetar la voluntad democrática de los catalanes, que son todos iguales a la hora de manifestar su voto», remarcó.
Sobre el hecho de que la región vaya a celebrar sus terceras elecciones en menos de cinco años, la popular señaló que este hecho solo se puede definir con una palabra, y ésa es «fracaso», porque, a su juicio, el Govern «no ha sabido dar respuesta a las necesidades y los problemas de los catalanes y ha fracturado a la sociedad». «Es para hacérselo mirar», ironizó.
Por su parte, el secretario de Acción Política y Ciudadanía del PSOE, Patxi López, avisó de que Mas convoca elecciones anticipadas para «romper con el resto de españoles», pero también va a «romper en dos la sociedad catalana» y, por eso, le acusó de «provocar la mayor fractura social de la Historia» en el país.