Internacionalizarse o morir. Esta es la realidad a la que se enfrentan las constructoras de obra pública en Burgos (y en el conjunto de Castilla y León y de España), que han visto como la licitación se ha hundido hasta un 90% en los últimos cinco años y el drástico recorte presupuestario de las Administraciones Públicas ha llevado a la desaparición a más de la mitad de estas compañías. En 2007, el sector optaba eufórico a los mejores números de su historia -474 licitaciones por valor de 1.242 millones de euros en Burgos-, mientras que el pasado año tan solo hubo 61 licitaciones con 133 millones de presupuesto, la mayor parte de ellos centrados en las obras del AVE, las únicas que aún se mueven con dificultad.
Este parón histórico ha causado un auténtico terremoto en el que era considerado uno de los sectores clave de la economía burgalesa y que en los últimos cuatro años ha encajado 73 concursos de acreedores y más de 250 expedientes de regulación de empleo (ERE).
Son los datos que maneja la Cámara de Contratistas de Castilla y León, que lleva tres años impulsando un plan de internacionalización entre sus 110 empresas asociadas «para buscar la obra que ya no hay en España ni habrá en los próximos años», apunta su presidente, Enrique Pascual.
Esta Cámara, radicada en Valladolid, ha centrado su trabajo en profundizar en las relaciones institucionales para darse a conocer en los potenciales mercados de obra pública, en acciones de formación sobre el funcionamiento de los mercados internacionales y en facilitar información de los países y las licitaciones internacionales que aparezcan. Además ha creado una comisión integrada por empresas de la región que han optado por este camino para apoyarse mutuamente.
Los resultados han sido positivos: el 37% de las contratas asociadas a la Cámara ya tienen actividad en el exterior y el 56% está en proceso de salir a nuevos mercados. La provincia, apunta Pascual, cuenta con 4 de sus 10 empresas asociadas en este proceso:Arranz Acinas, con actividad en Panamá, entre otros países; Copsa, en Brasil; Blas-Gon (de Fresnillo de Dueñas), en Perú; y la arandina Arpape, que también está haciendo gestiones para desembarcar en este país andino.
Como queda claro, Sudamérica es el principal destino de las contratas nacionales, y no solo por la afinidad idiomática sino porque en algunos países está todo por hacer. «Perú, con cerca de 30 millones de habitantes, casi necesitaría 40 años de trabajo y 40.000 millones de euros para adecuar sus infraestructuras básicas a las españolas. Es un país que está por hacer, que tiene la mayor parte de su red secundaria de carreteras sin asfaltar», explica el presidente de los contratistas regionales, que suma a la lista de potenciales clientes a Colombia, Uruguay, Paraguay o Chile y Venezuela, en menor medida. Brasil y México también son atractivos, aunque están copados por las grandes constructoras y son mercados más complejos para pymes como las asociadas a la Cámara.
Detrás de estas licitaciones, a las que se opta de manera individual, están los fondos de desarrollo de organismos multilaterales -lo que garantiza los cobros y estabilidad financiera a las operaciones- que principalmente se destinan a la construcción de infraestructuras básicas como la red de carreteras, redes de saneamiento e hidráulicas y un nivel básico de vivienda. En una escala superior se encontrarían las licitaciones de infraestructuras aeroportuarias, portuarias y ferroviarias, en las que las contratas españolas gozan de una amplia experiencia y reconocimiento.
Enrique Pascual asegura que el ‘salto al charco’ no es ni fácil, ni barato, ni rápido: requiere más de año y medio de trámites para lograr ‘el cartón’, la condición de contratista oficial. «Es un paso costoso en tiempo, porque en estos países la tramitación es lenta, y en distancia». No obstante, puntualiza, las contratas, acostumbradas hasta hace tres años a un mercado muy local, se están habituando por necesidad a salir al exterior, la única alternativa que les queda.