Los ciclistas quieren normas. Que les aclaren por dónde pueden y por dónde no pueden ir. Que la legislación estatal, o autonómica, o local si es necesario, responda al uso creciente de un vehículo que debe convivir entre el peatón y los coches y que en ocasiones genera inseguridad y en otras (la mayoría) las padece. Por eso la Asamblea Nacional de Con Bici, reunida este fin de semana en Burgos, ha debatido la Ley de Tráfico y la Reforma del Reglamento General de Circulación, la famosa modificación que se viene anunciando desde hace dos años por el Gobierno central, que se ha visto aplazada por el cambio de color político, que no termina de salir adelante y que los usuarios de la bici ansían.
A la asamblea, que se enmarca en los actos de celebración del décimo aniversario de ‘Burgos Con Bici’, acudieron ciclistas de Asturias, Cantabria, Guipúzcoa, Vizcaya, Santander, Valladolid, Melilla, Mallorca, Murcia, Valencia, Cataluña o Andalucía, «representando a los 57 grupos que tenemos en España», explicaba Luis Palacios, presidente del colectivo burgalés.
Uno de los intervinientes fue Manuel Martín, director técnico de Con Bici, quien habló sobre «el trabajo de lobby en el Congreso» que desarrollan los ciclistas y subrayó que los legisladores «tienen la oportunidad de convertir a la bici en un vehículo preferente porque evita la contaminación y palía los problemas de salud derivados de ella y del sedentarismo».
Nadie sabe cuándo saldrá adelante la norma. Tampoco el concejal de Movilidad, Esteban Rebollo, que estuvo presente en la asamblea. Ni la Dirección General de Tráfico, que habló de finales de 2011 y luego de finales de 2012. Pero los ciclistas esperan que «nos ponga a la altura de Europa en cuanto a medidas para el uso de la bicicleta, porque en España no somos menos que los demás. Siempre ponemos el ejemplo de la Ley Antitabaco: había quien pensaba que no se iba a respetar y se está cumpliendo perfectamente», decía Manuel Martín.
A juicio del colectivo, «los cambios que solicitamos son de pura lógica, se trata en definitiva de normalizar lo que ya se está haciendo aunque sea de forma alegal». Y ponen como ejemplo el uso ciclista de las zonas peatonales, donde «la bici no puede faltar porque es el mejor ejemplo de la movilidad eficiente», o la posibilidad de rebasar a los vehículos detenidos en un semáforo, o girar a la derecha aun cuando esté el disco en rojo, pues las experiencias demuestran que en otros lugares ha ayudado a evitar accidentes.
Luis Palacios apunta que, en el caso de que la legislación estatal se retrase, se conformarían con que «autorizaran a cada ayuntamiento a elaborar su propia ordenanza». El de Burgos, por ejemplo, tenía su Ordenanza de Movilidad casi lista, llegó a pasar por aprobación inicial no sin cierta polémica, pero el Consistorio ha decidido no sacarla adelante para no entrar en contradicción con ese supuesto nuevo Reglamento de la Circulación que nunca llega.
‘CICLOJURISTAS’ al rescate. Una red de profesores de universidad, letrados de las Cortes, del Tribunal Constitucional, de parlamentos autonómicos, abogados y juristas en general ha puesto en marcha lo que denominan ‘Ciclojuristas’, un colectivo que pretender dar apoyo legal a las consultas que instituciones u organismos les presenten sobre el uso de la bicicleta. Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, y Mariano Reaño, abogado de Palma de Mallorca, fueron los encargados de presentar «en primicia» ante la asamblea reunida en Burgos su iniciativa. Se ofrecen a asesorar a la DGT, a la Comisión de Seguridad Vial del Congresos o a las ONG sobre todo tipo de dudas que puedan surgir en torno a los aspectos jurídicos que conlleva la bici.
Desde la posibilidad de montarla en el ascensor de una comunidad de vecinos si lo prohiben, a la consideración jurídica de su robo o la conveniencia de contratar un seguro, pasando por el debate sobre la obligatoriedad del casco que según el colectivo ciclista perjudicaría el uso, se ven capaces no solo de contestar preguntas sino de proponer a la administración reformas legales.
«El problema es que nuestros legisladores no montan en bici. Para ellos ni siquiera son para el verano, solo son para las elecciones, para hacerse una foto», apunta Bastida, y así no hay manera de que estén concienciados. Por eso Reaño reclama una «discriminación positiva» para la bicicleta, siempre desde el punto de vista de una plataforma que quiere ser «neutral y técnica» par a servir de apoyo a los políticos encargados de aprobar las normas.