El Procurador del Común exige a la Junta una mayor agilidad a la hora de tramitar los expedientes de renta garantizada de ciudadanía, para lo cual «habrían de adoptarse de medidas que incidieran en el procedimiento establecido», indica el informe de 2014 y que Javier Amoedo, que preside la institución castellana y leonesa, defenderá en las Cortes el próximo septiembre.

Dentro del área dedicado a las prestaciones sociales, el Procurador del Común subraya que «la voluntad y el esfuerzo» de la Administración en conseguir dicha agilidad «no está siendo lo suficientemente efectiva». «No podemos olvidar que se trata de una prestación destinada a cubrir necesidades básicas de subsistencia», destaca Amoedo.

Esta misma opinión expresa desde el sindicato UGT su responsable autonómica de Política Social, Carmen Campelo, quien anuncia que en próximas reuniones se intentará «dar dos vueltas» a la tramitación y documentación requerida para acceder a la renta de ciudadanía, ya que «existen problemas desde el principio».

No obstante, tanto la secretaria ugetista como el gerente de Servicios Sociales de la Junta, Carlos Raúl Pablos, reconocen que normalmente se cumple el plazo máximo de tres meses para la tramitación de esta prestación. A pesar de que «no estimamos que exista retraso», Pablos se muestra «abierto» a mejorar cualquier aspecto de la normativa de acceso a la renta.

«Hay que tramitarlo lo más rápido posible, pero siempre asegurando que acceden únicamente las personas que tienen derecho a ella», insiste el gerente, quien reitera que hay que guardar el equilibrio entre la rapidez de respuesta y la seguridad para evitar fraudes.

 Precisamente, el Procurador del Común pone de manifiesto que «la valoración social demora la resolución que procedería ser dictada tras la previa comprobación de los requisitos exigidos a los beneficiarios de la prestación y, en definitiva, la atención de las necesidades básicas cuya cobertura pudiera requerirse de manera urgente». El documento reclama a la Junta que «posponga los informes sociales y la elaboración de los proyectos individualizados de inserción a la resolución favorable».

La Junta no acepta estos cambios porque considera que tanto la valoración social como el proyecto de inserción «forman parte del proceso de verificación de la situación social permitiendo valorar con objetividad» y con ello se ayuda a detectar el fraude. Carlos Raúl Pablos defiende la existencia de otras ayudas dentro de la red de protección a las familias para personas en una situación urgente mientras esperan la resolución de la renta de ciudadanía.

Carmen Campelo también insiste en que, a pesar de que los plazos se cumplen razonablemente, la documentación exigida es demasiado farragosa y complicada, especialmente para personas cercanas a la exclusión social, que viven en familias desestructuradas o inmigrantes africanos. «La Junta cree que si abre la mano va a acudir mucha gente a solicitar esta prestación y no se da cuenta de que su cuantía apenas permite la subsistencia», indica la secretaria ugetista, quien reivindica que «la normativa se tiene que adaptar a la realidad de los ciudadanos».

El gerente de Servicios Sociales asegura que «se exige lo mismo a un español que a un extranjero» y achaca la tardanza en algunos casos «imputable a otras administraciones o a los solicitantes».  

 

Proporcionalidad. Otro aspecto que recalca el informe del Procurador del Común es la «evidente falta de proporcionalidad» en la actuación de la Administración respecto a incumplimientos de los perceptores. Por tanto, requiere un cambio normativo para que no se queden sin ella quienes «carecen de medios económicos para atender necesidades básicas» por un mero error, ausencia de diligencia u otras acciones que no suponen enriquecimiento injusto.

La propuesta considera que podría condicionarse la extinción de la renta de ciudadanía a la existencia de mala fe, a un apercibimiento previo o a la reincidencia en el incumplimiento, así como sustituir la pérdida de la prestación por un porcentaje de ella durante uno o varios meses o su sanción durante un tiempo.

Campelo (UGT) también critica el uso habitual de la extinción ante cualquier incumplimiento cuando la normativa contempla también la suspensión.

Finalmente, el gerente de Servicios Sociales asegura que «cualquier propuesta razonable para mejorar el acceso o la normativa de la renta de ciudadanía será estudiada y se aceptará si es posible».