El Grupo Podemos en las Cortes de Castilla y León ha presentado 18 enmiendas parciales a la proposición de Ley de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Junta, en las que pide limitar las restricciones económicas y plantea propuestas para reducir la temporalidad.

Según explicó hoy la procuradora de la formación morada Natalia del Barrio, en declaraciones recogidas por Ical, todas las enmiendas presentadas han sido debatidas y analizadas con los sindicatos y se ajustan a la realidad de la Junta y de la función pública en Castilla y León, así como a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales. En este sentido, puntualizó que la principal reivindicación sindical era situar en el centro de toma de decisiones a la negociación colectiva.

Del Barrio también explicó que sus propuestas eliminan las restricciones económicas que plantea la proposición no de ley presentada por el Partido Popular, al entender que hay que blindar los presupuestos para los servicios sociales y “no condicionar el presupuesto de futuros gobiernos autonómicos”.

La reducción de la temporalidad es otro de los objetivos que busca Podemos con esta batería de enmiendas. Además, Del Barrio explicó que si “nosotros no somos capaces de buscar una solución a esta temporalidad, al final acabará siendo el Tribunal Europeo de Justicia, donde se encuentra denunciado el asunto, el que acabe imponiendo una medida y la correspondiente sanción económica”.

Al mismo tiempo, el Grupo Podemos también ha incluido entre sus propuestas acortar los plazos para que la nueva carrera profesional pueda entrar en vigor este mismo año. En este punto, Del Barrio indicó que, de acuerdo con los sindicatos, se plantea establecer este mismo año un proceso extraordinario de acceso a la carrera de la función pública para que se pueda acceder a los distintos grados en 2019 y en 2020.

Por último, Del Barrio criticó que la regulación de la carrera profesional se debería haber debatido de una forma más profunda y buscando un amplio consenso y no “deprisa y corriendo”, a la vez que calificó de “desorden” la gestión de la Consejería de Presidencia, “desorden que supuso la reprobación en las Cortes de Castilla y León del consejero de la Presidencia y de la viceconsejera de la Función Pública", sentenció.