A una familia de Castilla y León que pase por apuros económicos no la cortarán la luz por impago de las facturas. Al menos si tienen el contrato con Iberdrola. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, suscribió un acuerdo con empresa de suministro energético, al que se sumó la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), que fija los mecanismos de coordinación necesarios para evitar cortes de suministro a los clientes de la compañía por razón del impago o, en caso de suspensión, a asegurar su inmediato restablecimiento.
Se trata de la primera Comunidad en España que firma un convenio con una compañía eléctrica para proteger a los clientes vulnerables y la medida se suma a las ya adoptadas por la Junta en el ámbito de la Red de Protección de las Familias. El acuerdo fue ratificado ayer en Valladolid por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, el presidente de la FRMP y presidente de la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez, y el director general de Iberdrola Clientes, Aitor Moso.
García valoró la importancia de una «iniciativa pionera en España», dijo, y pensada para dar respuesta a las necesidades básicas de personas y familias, «evitando que a los ciudadanos con problemas les corten la luz y esto provoque que no puedan habitar en sus viviendas, algo que agrava aún más la vulnerabilidad de las personas». En este sentido, explicó que se trata de «un nuevo paso dado desde la Junta a la hora de hacer frente a la atención y cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas».
Implicación municipal. «Nadie se va a quedar desamparado en situaciones de impagos, ya que con esta iniciativa se valorará la respuesta a cada necesidad», agregó. Al mismo tiempo, resaltó como «destacable» la importancia de que la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León se sume a esta iniciativa al representar a ayuntamientos, diputaciones provinciales y otras entidades locales de la Comunidad.
La iniciativa que impulsa la Junta va encaminada a erradicar la pobreza energética, que completa las actuaciones desarrolladas en esta materia y que se suma a las medidas ya adoptadas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a través de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis. Entre estas necesidades básicas se encuentra el suministro eléctrico de la vivienda habitual, y 7.699 personas del total de beneficiarios de estas ayudas de urgencia social fueron beneficiarios de los apoyos económicos para sufragar gastos energéticos, aspecto al que la Junta ya destinó más de un millón de euros en 2014.
La protección a la que se refiere el convenio firmado es de aplicación a todas aquellas personas que tengan contratado el suministro eléctrico de su vivienda habitual con Iberdrola en Castilla y León y que, previa valoración técnica y solicitud de los Servicios Sociales de las administraciones locales, puedan ser beneficiarios de una ayuda de emergencia.