El Gobierno propone prohibir vender coches diésel en 2040

SPC
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Con el nuevo plan, dentro de 32 años no se podrían matricular los vehículos que emitan CO2, se impediría el uso de petróleo y el 'fracking', y en 2015 los edificios utilizarían energías renovables

El Gobierno anunció ayer que está estudiando una propuesta que contempla la prohibición de la matriculación de vehículos que emitan dióxido de carbono (CO2) más allá de 2040, entre los que se incluyen modelos tanto diésel como de gasolina y también los híbridos. 

Entre las propuestas del Ejecutivo, destacan la creación de un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. Se trata de un plazo en el que se desarrollarán las actuaciones establecidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en la Estrategia de Bajas Emisiones que incluye el fin de todos los permisos de hidrocarburos, la prohibición del fracking más allá de 2040 y el fin de los subsidios económicos a energías fósiles 

Así consta en el documento base de trabajo del Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar la Ley de Cambio Climático que desde ayer se trasladará a los grupos parlamentarios y sectores interesados. El Ministerio señaló que su objetivo es contar con un texto de amplio consenso para su remisión al Consejo de Ministros y a las Cortes Generales para su tramitación antes de final de este año. 

Fuentes ministeriales subrayaron que el gran reto es descarbonizar la economía en 2050 con un plazo intermedio de 2030. La idea es que España supere la exigencia de esfuerzo estimado por la Unión Europea en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 20%, respecto a 1990. En esta línea, el borrador prevé una reducción nacional de 60 millones de toneladas adicionales frente a las 290 exigidas al conjunto de la economía con la intención de llegar a reducir hasta 230 millones de toneladas de CO2. 

Desde el Ministerio trasladaron que se trata de un proyecto que aborda las redes energéticas, la eficiencia, la edificación, el transporte o la fiscalidad y que prevé que, al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático. 

En definitiva, lo que se pretende es situar a España a la cabeza de la ambición europea en la lucha contra el cambio climático.