La tensión que se vive desde hace semanas en el Eurotúnel registró ayer un nuevo episodio, después de que cientos de inmigrantes siguiesen intentando acceder al Reino Unido a través del Canal de la Mancha, a pesar de la mayor presencia policial desplegada por Francia y de la dureza exhibida por el Gobierno británico con el envío de perros rastreadores.
Esta cooperación entre los dos países fue aplaudida por la Unión Europea, que, ante la petición de los Ejecutivos de París y Londres, manifestó que ofrecerá su «asistencia técnica». Así, un portavoz comunitario detalló que Bruselas da por buenas las «medidas de seguridad puestas en marcha» por ambos territorios.
Sin embargo, el primer ministro británico, David Cameron, no se contenta con la distribución de canes especializados en la zona y el incremento de la vigilancia, así como la implantación de nuevas verjas en el lugar. Para el premier, estos esfuerzos son insuficientes y, al ver que el país comienza a estar desbordado ante la llegada masiva de sin papeles, decidió ampliar su política migratoria con el anuncio de que los caseros de la isla tendrán que expulsar de sus viviendas a los extranjeros que pierdan el derecho de residencia, pudiendo, incluso, hacerlo sin necesidad de contar con una autorización judicial.
Y es que los irregulares que atraviesan Calais están siendo trasladados a nuevas casas en Londres «a costa del contribuyente», según denunció el diario The Telegraph, que detalló que es el ciudadano el que paga los taxis en los que los foráneos son trasladados a la capital debido a la falta de hogares de acogida en las localidades cercanas a la frontera con Francia. La tarifa, abonada por los servicios sociales del Estado, puede alcanzar las 150 libras por trayecto, cerca de 200 euros, lo que el Ejecutivo tory pretende evitar en el futuro.
Así, en el plan anunciado por Downing Street, aquellos británicos que alquilen una casa tendrán que asegurarse en primera instancia de que no lo hacen a personas «sin derecho a residir en el Reino Unido», es decir, que no tengan los papeles en regla. Además, deberán expulsar a aquellos «que pierdan su permiso de residencia, les caduque el visado o se les deniegue la petición de asilo», pudiendo hacerlo sin notificación de un juez.
De este modo, el Ministerio del Interior comunicará a los caseros el nombre de los solicitantes de asilo cuya petición haya sido rechazada y, por tanto, no puedan vivir en Inglaterra -la Ley de Inmigración solo se aplica en este territorio, ya que Gales, Escocia e Irlanda del Norte tienen su propia normativa-. Además, el Gobierno penalizará a aquellos que no efectúen las comprobaciones necesarias antes de arrendar su propiedad, con multas que podrían llegar a penas de prisión de hasta cinco años.