Nueva vuelta de tuerca al culebrón de la venta de los terrenos del Parque de Artillería. El Ministerio de Defensa ha confirmado a este periódico que se ha presentado una segunda oferta por el solar de 48.000 metros cuadrados, que se une a la ya conocida de Promociones Riodaser XXI y complica el desenlace del proceso de enajenación de un suelo, en el que se pueden construir hasta 337 viviendas, que podría acabar en los tribunales.  

El anuncio de los terrenos militares volvió a aparecer en la página web del Instituto de Vivienda, Infraestrcutura y Equipamiento de la Defensa (Invied) tan solo dos días antes de agotarse el plazo y tras exigir la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Burgos (Abuproin) de un «procedimiento abierto a todo el mundo». Su presidente, Gonzalo López Recio, calificó de «extraña» toda la tramitación, tanto por la celeridad administrativa demostrada por elAyuntamiento como por la «generosidad» de las compensaciones ofrecidas a Riodaser, que a cambio de levantar solo pisos protegidos (320) y asumir parte de los gastos de urbanización obtendría aprovechamientos urbanísticos por un valor de 8 millones de euros en parcelas municipales en la Cellophane. Una compensación que ha podido atraer a un segundo inversor.

Por el momento, no ha trascendido la identidad social de el o los nuevos interesados, aunque todo apunta a que podrían estar vinculdos directamente a empresas de Burgos capital. Desde la promotora riojana aseguran que no tienen ninguna comunicación oficial del Invied, el organismo encargado de las operaciones inmobiliarias, de que haya surgido un competidor.

Tampoco se conoce el montante de la nueva propuesta, que si supera la cantidad ofertada por Riodaser decantaría la balanza a su favor. En este proceso de adjudicación directa no existe una cifra fijada, sino únicamente un precio mínimo, que son los 12,6 millones de euros por los que salió a subasta por segunda vez. Al quedar desierta esa segunda intentona, se abrió un periodo de un año para su venta directa por el mismo precio, plazo que finalizó el pasado 27 de septiembre con dos ofertas.

Sí es obligatorio concretar ese interés con el depósito de una garantía de un 5% del valor de tasación del solar, 630.000 euros en este caso, si bien su  consignación «no atribuye al solicitante ningún derecho de adquisición del inmueble, constituyendo tan sólo el requisito previo e imprescindible de procedibilidad para la tramitación de su solicitud de compra por adjudicación directa», reseña en negrita el Invied en las bases de venta.

Bien lo sabe Riodaser, que ya perdió los primeros 630.000 euros depositados, por no pagar el resto  -hasta completar los 12,6 millones- el pasado 18 de junio en el notario.«Agotados los plazos para la escrituración y pago, prorrogados hasta donde la norma permite... sin que la firma se lleve a efecto se produce automáticamente el decaimiento del derecho de adquisición», tal y como recordó el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, en la carta que remitió al Ayuntamiento de Burgos el 17 de septiembre.

En esa misiva, el político socialista reclamaba al Ayuntamiento de Burgos que no modificara las condiciones establecidas en el Plan  General de Ordenación Urbana después del convenio que firmaron el Ministerio y el Consistorio en 2006: que un 50% de los pisos que se levanten sean libres y el otro 50% de protección oficial (VPO).

«A partir de la escrituración de la venta, será el nuevo propietario el que asuma la negociación del desarrollo urbanístico de la propiedad con el Ayuntamiento, en las condiciones que más convengan a los intereses de la ciudad», añadía.

El problema es que ahora nadie sabe quién será ese propietario y se puede ir al traste todo el trabajo que el PP y el PSOE habían adelantado con Riodaser, mediante un convenio y la tramitación del estudio de detalle con el que todas las viviendas tendrían un precio tasado, de 173.114,94  euros, con 90 metros útiles, trastero y garaje, de 25 y 8 m2, respectivamente.

El nuevo escenario abre diferentes supuestos, el más sencillo sería el de la adjudicación de la parcela a Riodaser sin recursos.Pero la situación se complicaría si quien queda descartado decide acudir a los tribunales o si la segunda empresa pretende construir de acuerdo al PGOU actual, con un 50% de vivienda libre en Santa Bárbara.