El alcalde, Javier Lacalle, ha respondido, a través de una nota enviada por el Gabinete de Comunicación «a las afirmaciones que el PSOE e IU» han realizado estos días sobre su declaración de bienes y la realización de posibles obras en la terraza de su domicilio.

En lo relativo al segundo asunto, asegura que no ha encargado obra alguna desde que es propietario del piso. «La terraza, como es evidente, tiene una parte que está abierta y otra que fue cubierta hace casi diez años por los anteriores propietarios como es conocido, igual que se ha hecho en miles de terrazas de la ciudad».

También se asegura en la nota que ninguna hoja oficial del documento de la declaración de bienes del alcalde presentada en el Ayuntamiento ha sido «modificada, ni cambiada» en ningún momento por nadie «como se hizo público el jueves y se puede comprobar». Sí reconoce que únicamente se «incorporó un escrito particular en su día a la carpeta de su declaración manifestando que se había procedido a la compra de un inmueble y a la venta del anterior».

El alcalde cuestiona la legalidad del acceso al registro de los concejales «cuando la normativa establece que deben ser autorizado por el alcalde y este no ha recibido ninguna solicitud ni firmado ninguna autorización».

Finalmente, en el escrito lamenta que «estas sean las únicas preocupaciones de los partidos políticos citados en lugar de trabajar por los burgaleses».

Desde las filas del Partido Socialista también ha puesto en conocimiento de la Justicia la publicación de la Declaración de Bienes del alcalde. El grupo municipal presentó ayer en los juzgados una denuncia al entender que la primera autoridad municipal podría haber incurrido en «la comisión de un delito de falsificación de documentos públicos» (artículo 390.1º del Código Penal).

 En el escrito, los socialistas instan a que el juzgado incoe las diligencias oportunas con el «fin de depurar las responsabilidades penales que correspondan».

El portavoz del PSOE, Luis Escribano, volvió a pedir la dimisión del alcalde por «haber roto la lealtad de los ciudadanos a los que representa». «Nos parece claro que este comportamiento se ha producido y es intolerable en un representante público», apuntó.