La maquinaria de la Justicia española se puso ayer en marcha para averiguar el origen de la fortuna que durante 34 años tuvo en paraísos fiscales el expresidente de Cataluña Jordi Pujol, uno de los políticos con mayor prestigio del país hasta su confesión del pasado viernes. Con gran celeridad, la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional pidió a un juzgado de Barcelona que solicite a Suiza y Andorra los datos bancarios de la familia Pujol, no solo los del exmandatario de la Generalitat.
También le solicitó que reclame a Hacienda las declaraciones «complementarias» del impuesto sobre la renta y de patrimonio que hayan presentado el matrimonio y sus siete hijos.
Contra el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, ya hay abierta una causa por blanqueo de capitales en la que su esposa está también imputada. El Ministerio Fiscal pretende averiguar el origen de la fortuna evadida al fisco durante tres décadas, un dinero que, según el exlíder de CiU, procedía de una herencia de su padre, un importante banquero catalán.
Mientras tanto, el Parlament solicitó a Jordi Pujol que acuda a la Cámara a dar explicaciones sobre el capital que, según confesó la semana pasada, tuvo en paraísos fiscales. La comparecencia del expresident, de 84 años, la pidieron todos los grupos del órgano regional excepto el de CiU.
La Cámara decidirá el 2 de septiembre, a la vuelta de las vacaciones estivales que arrancan hoy, si le pide que comparezca ese mismo día o fija otra fecha. El exlíder convergente puede negarse a acudir, ya que no tiene ningún cargo. Pero su partido, en el que ha dejado todos los cargos honoríficos tras este escándalo, apuntó que no lo hará. «Conozco el respeto que tiene por esta casa», sentenció el líder parlamentario de CiU, Jordi Turull. Algunos partidos, entre ellos el Partido Popular, quieren que se vaya más allá y se abra una comisión de investigación parlamentaria.
Por otro lado, un juez de Barcelona admitió a trámite la denuncia contra él y su mujer, Marta Ferrusola, que presentó Manos Limpias, la organización derechista que fue la primera acusación en pedir la imputación de la Infanta Cristina en el proceso de corrupción en el que se le atribuye fraude fiscal y blanqueo de capitales. La acusación incluye, además de estos dos delitos citados, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos.