«Es hora de decir a Nuclenor lo mismo que decíamos al PSOE: 'Ustedes dejan caer caprichosamente la central'»

Raúl Briongos/Belén Delgado
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Juan Vicente Herrera en el palacio de La Asunción - Foto: DB/Alberto Rodrigo

Con el futuro de la central nuclear de Garoña pendiendo de un hilo, Juan Vicente Herrera no oculta su preocupación por la repercusión que ese cierre puede tener tanto en la provincia de Burgos como en el conjunto de la comunidad autónoma. Es, sin embargo, uno más de los múltiples problemas que se acumulan en la mesa del presidente de la Junta, a quien la experiencia de Gobierno ha dado serenidad. Frente al nerviosismo que muestran algunos, Herrera emana templanza a la hora de analizar la complicada situación económica y social que atraviesa el país. Todo su empeño se centra ahora en tratar de evitar el desánimo y demostrar que también, en plena crisis, los españoles tienen muchas cosas por las que sentirse orgullosos.

¿Le ha sorprendido la postura de Nuclenor de no pedir la prórroga de funcionamiento de Garoña hasta 2019?

Sí, pese a ser consciente de que hay un pulso, una lucha soterrada en relación al déficit de tarifas, a los impuestos y a la definición de la política energética.  

¿Qué lectura hace de la decisión de la empresa?

En la Junta, frente a lo que se dice en un comunicado que miente, no hemos tenido ninguna comunicación directa sobre sus intenciones. Me he enterado leyendo Diario de Burgos. No lo sabía ni el propio ministro, a quien inducen a decir en sede parlamentaria que él da por sobreentendido que se había producido o que se iba a producir antes de las doce de la noche.

¿Cree que esto ha sido un pulso al Gobierno?

Nosotros no somos sospechosos; nos hemos mojado y hemos luchado por la racionalidad. Ahora bien, es el momento de decirles lo mismo que reprochábamos al Gobierno socialista: ustedes dejan caer caprichosamente la central. Y yo les pregunto ¿han calculado el alcance de esa decisión? Si la respuesta es no, me parece una temeridad y si la respuesta es sí, es tremendo porque supone el reconocimiento de una contradicción. Solo quiero recordar que a raíz de la decisión del anterior Gobierno estos señores plantearon una reclamación de lucro cesante que valoraron en mil millones. Hoy estamos hablando de que el cumplimiento de las condiciones del CSN se estiman entre 100 y 120 millones. Por lo tanto, estamos sorprendidos, disgustados y enfadados.

¿Qué pasos van a dar?

El consejero de Economía les ha convocado este lunes porque tendrán que dar explicaciones. No me vale el argumento de la incertidumbre regulatoria porque eso no es excusa para no haber ejercitado la petición de prórroga en tiempo y en caso de que demostraran la falta de viabilidad siempre podían haber renunciado.

¿Queda margen para que la situación se reconduzca o legalmente es imposible?

No lo sé. Estamos muy preocupados porque todo apunta a que no cabe marcha atrás.  Esto tiene mala pinta en cuanto a la reversibilidad. La formalización de la prórroga en plazo forma parte del conjunto de condiciones del CSN. He hablado con el ministro de Industria y desde luego no es nada optimista respecto a la posibilidad de reconducir la situación. Espero que la empresa no haya tomado la decisión sin conocer que legal o administrativamente no hay paso atrás porque me parecería una frivolidad y más sin comunicarlo y sin poner encima de la mesa una decisión de cierre o un plan para estudiar alternativas.

¿La ecotasa anunciada por la Junta ha podido ser una de las razones que han llevado a las eléctricas a no pedir la prórroga?

La Junta siempre ha dicho que no tomaría ninguna decisión en relación a esos impuestos de carácter medioambiental hasta que   estuviera segura la vida futura de la central y su viabilidad económica; nunca antes.

¿Se siente engañado?

Durante estos años nosotros no nos hemos expresado en este conflicto en apoyo de un proyecto económico sino en contra de la sinrazón que suponía frente al criterio técnico una decisión caprichosa, puramente ideológica. Era paralelo al interés de Nuclenor de darle continuidad a una central en la que habían invertido y que tenía posibilidades. Y había además unas razones sociales. Ahora, por otro capricho, van a destruir mil puestos de trabajo, la mayor parte de muchísima calidad. Lo que ha ocurrido ni era lo previsto, ni se nos había anticipado, ni nos parece fundamentada la argumentación de la incertidumbre regulatoria. Antes de decir que me siento engañado, quiero escuchar y saber si en sus cálculos, en sus informes, ese no cumplimiento del plazo tiene un caracter irreversible respecto del final de la central.

Las eléctricas aducen a motivos económicos, pero, ¿tras la decisión pueden esconderse otras razones?

No entro en juicios de valor. Lo que sí creo es que Nuclenor tiene la obligación de dar todo tipo de explicaciones y no refugiarse en argumentos que desde mi punto de vista no se sostienen, que ofenden a la inteligencia y a la esperanza de sus trabajadores, a la de toda una comarca y al compromiso activo de muchas instituciones.

Si Garoña cierra finalmente en julio de 2013, ¿hay preparado un plan b?

En este momento no hay plan b, para qué vamos a engañarnos. Si tiene que cerrar habrá que saber cuál es el proceso. Desgraciadamente la destrucción de una central conlleva más actividad económica que el mantenimiento y habrá que retomar una alternativa porque el Reindus ha dado  resultados muy escasos.

Y todo ello, además, nada más comenzar un nuevo curso económico en el que seguimos sin ver luz al final del túnel.

Los datos de situación y coyuntura mantienen una tendencia negativa y que permiten hablar de que transitamos por el quinto otoño de crisis. Espero que estemos tocando suelo en esta segunda recesión. Es un conjunto de circunstancias que nunca se había dado. Esta recesión se prolongará hasta finales de 2012 y nadie es optimista respecto al primer trimestre de 2013. Los mejores intencionados, entre los cuales me incluyo, queremos ver algun elemento para que en el segundo semestre de 2013 haya alguna base de recuperación. Quizá los pasos para la normalización bancaria y el saneamiento del sistema permita ver los efectos en un año. Es fundamental que vuelva a fluir el crédito para las familias, empresas y administraciones.

¿Y la presión de los mercados?

Los escenarios son cambiantes y en tres días hemos visto cómo la presión sobre los mercados de capitales y de deuda son muy distintos con un simple anuncio. Dicho esto, es lastimosa la lentitud en que el proyecto europeo está saliendo en auxilio de los países. Los diferenciales de la deuda dan asco y es normal la reacción visceral de sociedades como la española, a la que se pide un esfuerzo enorme pero que para financiarse necesitan pagar su crédito a un 7% y otros países de la Unión Europea lo hacen a menos 0. El efecto más dramático es la curva de desempleo, donde lamentablemente no hemos tocado fondo.

¿Se atreve a poner una fecha para la recuperación del mercado laboral?

Por lógica, tiene que haber un nivel freático en que el esfuerzo numantino de las empresas produzca un cierto freno. El problema no será cuando lleguemos a ese nivel del que los expertos hablan del crecimiento de la economía a partir del 1,5 o 2%. Aquí hablamos de un problema pavoroso, con un país camino de 6 millones de parados y una Comunidad con 220.000 desempleados registrados. Mantiene un diferencil de la tasa de paro de casi el 5% respecto a la media nacional pero no es ningún consuelo porque roza el 20%. Eso es lo que más me duele. El fin de año no será bueno ni lo será el arranque de 2013 pero tengo la esperanza de que los primeros efectos lleguen en el segundo semestre del año próximo, para comenzar a ver la reducción del desempleo.

¿No genera impotencia ver que son los mercados los que mueven los hilos de un país?

La impotencia, la parálisis e incluso la tristeza, en la que se amparan algunos deportistas millonarios, son los peores de los refugios. Hace falta coraje, voluntad, sacrificio y trabajar porque son muchas las capacidades de cada uno. El otro día, con motivo de la inauguración del curso económico, marqué tres líneas a seguir: control del déficit público, normalización bancaria para recuperar la financiación y fortalecer la competitividad de la economía. Pero también hacemos las cosas bien, y ahí están las cifras de nuestras exportaciones para demostrarlo.

¿No le queda sensación de que los que provocaron esta crisis como los responsables bancarios van a salir impunes? Van a recibir millones de euros para su saneamiento.

Espero que esa inyección de  dinero público tenga su retorno pero hay un gran objetivo económico de que la banca se sanee de esos activos tóxicos inmobiliarios. Luego habrá que pedir la asunción de responsabilidades, pecuniarias y de todo tipo por parte de los gestores negligentes o que se desviaron de sus obligaciones.

¿Tanto recorte, tanto tocar el bolsillo del ciudadano no puede acabar provocando más retraimiento?

El difícil momento económico obliga a que cuando tomas decisiones haya efectos colaterales. En muchos aspectos, hablamos de que se están tomando unas medidas extraordinarias, que no están marcadas en la hoja de ruta planteada en las elecciones. Estamos en momentos extraordinarios y hay que respetar mucho a los ciudadanos a los que van dirigidas esas medidas. Quiero destacar que hay un comportamiento ejemplar de la sociedad y por eso decía que a este país no se le podía someter a ese ‘pim pam pum’, como ocurrió en el mes de julio. Creo que no hay muchos más márgenes fiscales o recortes en los grandes capítulos sociales del Estado para hacer frente a esas condicionalidades que puede imponer la UE a cambio de apoyos. Espero que no sobrepasemos líneas rojas, como la de las pensiones, pero la verdad es que a este país hay que darle oportunidades y no estrangularle.

¿Le preocupa el grado de deterioro que ha sufrido la imagen de Mariano Rajoy y, por tanto, la del Partido Popular?

En política, y especialmente en momentos como estos, estamos para quemarnos y hacer las cosas que hay que hacer. También para liderar y explicar todas esas medidas, pero buscando equilibrios para preservar lo que es básico. Es algo que también hacen las familias, que establecen prioridades y se aprietan el cinturón. La toma de decisiones debe hacerse con respeto y sentido de justicia, sabiendo que tiene que haber sectores sociales en los que hay que centrar los esfuerzos, porque no disponen de nada.

¿Por qué muchos ciudadanos ven que el grado de esfuerzo que se les pide no llega a los políticos y que mantienen privilegios?

Los políticos, y más ahora, estamos sometidos a la crítica e incluso la búsqueda de un chivo expiatorio. Para eso nos pagan los ciudadanos. Creo que esa sensación no es cierta, al menos en una Comunidad austera como esta. Hemos prescindido de muchas cosas. Los procuradores liberados son una minoría en el conjunto de la Cámara porque la gran mayoría tiene su trabajo. Algunas regiones se están fijando en el modelo de televisión del que aquí nos hemos dotado. Hay que aceptar la crítica pero la inmensa mayoría que está en la política lo hace para colaborar. Una de las sensaciones más tristes es la impugnación, depreciación y descrédito del oficio político. Eso sí, no hay que olvidar  que la mayor intervención se ha producido en los Gobiernos italiano y griego, donde se les ha impuesto la figura de un técnico. Entonces ¿De qué estamos hablando aquí? porque detrás de la impugnación de la figura del político, igual lo que quiere alguno es sustituir un modelo en que el ciudadano tiene la última palabra. A ver si ahora también queremos impugnar el modelo autonómico y así acabar con los servicios públicos sociales, la educación pública y la sanidad pública.

¿Qué siente cuando se le echa la culpa de todo el desastre a las Comunidades Autónomas?

El modelo autonómico debe revisarse en algunos aspectos porque puede ser parte del problema pero no todo. Sería una forma de repensar 20 años de trabajo público, que se han dedicado al ámbito autonómico. Sigo creyendo en este modelo y seguiré trabajando por él hasta el 2015 que es cuando llega mi responsabilidad. El momento es ingrato e injusto porque hay una desconcentración de culpas. Los Gobiernos autonómicos  controlan el 37% del gasto público total y de ese porcentaje un 80% son para la sanidad, educación, servicios sociales o la atención a la dependencia. Una de mis tranquilidades de espíritu es que los sucesivos informes de organismos nacionales e internacionales hablan de que aquí los servicios tienen una equidad y una calidad. Y eso, quiero remarcarlo, se debe fundamentalmente a los grandes empleados públicos.