El Procurador del Común abre una vía a seguir por los ayuntamientos que se oponen a que en su territorio se concedan autorizaciones y se pueda extraer gas utilizando la técnica de la fractura hidráulica o fracking. Esta vía, según el escrito remitido al Ayuntamiento de Frandovínez, está fundamentada en que cualquier actividad de exploración y extracción que se lleve a cabo debe obtener las licencias pertinentes de conformidad con lo establecido en la normativa autonómica aplicable Ley 11/2003 de 8 de Abril de Prevención Ambiental y, principalmente, la Ley 5/2009 de 8 de abril de urbanismo, «por lo que no sería posible otorgar esas licencias y, en consecuencia el ejercicio de esa actividad, en el supuesto de que el proyecto de fracking contraviniera la norma urbanística aplicable en el municipio», afirma Jacinto Puente, alcalde de Frandovínez.
Puente señala que aquellos municipios que se opongan a la extracción de hidrocarburos en determinados parajes de su municipios «podrían iniciar el procedimiento de modificación o revisión de sus normas con el fin de que se recoja expresamente esta prohibición en el instrumento urbanístico que se encuentre en vigor». En relación a la declaración de ‘municipio libre de fracking’, acuerdo que han aprobado numerosos pueblos de la provincia en sesiones plenarias, el Procurador del Común, apunta Puente, considera que «no tiene relevancia política al no disponer los ayuntamientos de competencias en esta materia» y que por lo tanto no puede ser esgrimido ese acuerdo a la hora de rechazar una autorización.
En el caso de Frandovínez, que en principio no se ve afectado por ningún permiso de investigación, a la vista de la respuesta del Procurador del Común, el alcalde señala que, aunque no tienen prisa, «vamos a estudiar como se puede abordar este asunto que afecta más a la zona de Merindades o del Valle de Sedano, donde está previsto que se concedan las primeras licencias o autorizaciones».
Puente, tras indicar que la aplicación de esta técnica «es una decisión política», afirma que hay «una gran preocupación por sus posibles riesgos para la salud y el medioambiente, y por la falta de una legislación clara que proteja a la sociedad frente a intereses estrictamente económicos». En este sentido, el Procurador del Común insta a la Junta de Castilla y León a que redacte una normativa sobre esta técnica de extracción de gas «en la que prevalezca el interés público, social y las personas».