La tensión propia en la última semana antes de unas elecciones se ve incrementada en Venezuela, después de que la semana pasada un líder opositor fuera asesinado al terminar un mitin y una de las mujeres del momento, Lilian Tintori, esposa de uno de los cabecillas antichavistas, Leopoldo López, denunciase que dicho crimen está auspiciado por el Gobierno de Nicolás Maduro y que, además, el presidente también esté buscando su muerte y la de otros activistas. Ante tal situación, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) instó ayer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a garantizar que la jornada de los comicios legislativos del próximo domingo culmine «de manera transparente, pacífica y cívica».
Más de 19 millones de ciudadanos elegirán a los 167 diputados de la Asamblea Nacional, en la que desde hace casi 15 años tiene mayoría el gobernante PSUV. Sin embargo, el partido de Maduro podría perder fuerza en las elecciones, lo que ha llevado al propio mandatario a recordar que «la revolución» seguirá adelante, aunque sea en las calles, en caso de perder en las urnas, un mensaje claro de que no está dispuesto a perder su influencia en el Parlamento y que desde los grupos contrarios ven como una clara alusión a «hacer todo», incluso matar.
De hecho, la cita contará con observadores internacionales, como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien instó a que cesen «los discursos inflamados», pidiendo «calma» a las partes que concurren y exigiendo que se celebre «un proceso donde la convivencia prime y venza a lo que pueda ser la tensión y la radicalidad con carácter general».
Zapatero hizo esta reflexión en relación al asesinato hace una semana del opositor Luis Manuel Díaz en pleno acto electoral, un crimen por el que tres hombres fueron ayer detenidos e imputados, si bien su posible vinculación con el Gobierno -que asevera que el fallecido estaba involucrado en actividades ilícitas y achaca su muerte a «un ajuste de cuentas entre bandas rivales»- no fue aclarada.
Tintori, que acompañaba a Díaz en el momento de su muerte, consideró que este hecho, sumado a «otros ataques anteriores» en su contra, evidencia que el Ejecutivo de Caracas la quiere «matar», al tiempo que aseguró que el Ministerio del Interior presentará pronto las «pruebas» que sustentan esta hipótesis.
Haciendo caso a esta denuncia, el Gabinete ofreció a la mujer de Leopoldo López seguridad gubernamental, una protección que ella rechazó. «Me llamaron de parte de Nicolás Maduro. Me manifestaron preocupación por los atentados que recibí. Me convocaron a una reunión para ofrecerme seguridad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Decidí no asistir, porque quien me acosa, me persigue y me intimida es el Sebin», argumentó.
En este sentido, volvió a insistir en que «el terror es política de Estado» y que si le sucede «algo» a su integridad física, «el directo responsable es Nicolás Maduro».
«El régimen afirma que me quieren matar, así como querían matar a Leopoldo. ¡Ya nadie les cree! Demasiadas mentiras y demasiados engaños han caracterizado a este Gobierno», sentenció.
Entre tanto, el Ejecutivo pidió informar «con la verdad» para frenar pronunciamientos internacionales a los que le achaca «mala fe».
«Es una terrible andanada de arremetida mediática de corporaciones mundiales que se valen de un hecho aislado para desatar una campaña contra Venezuela», detalló el vicepresidente, Jorge Arreaza, quien consideró que lo publicado en los últimos días sobre la muerte de Díaz es un «plan premeditado» que busca que el presidente figure «como culpable de hechos de violencia».
En cuanto a Tintori, remarcó que el Gabinete «le ha ofrecido protección a la señor que dice que el Gobierno la va a matar», pero, en realidad, «ella puede ser objetivo de esos mercenarios de la ultraderecha» que, a su juicio «cobran 40.000 dólares por crimen político».