El Consorcio de Villalonquéjar IV recibirá otra pequeña inyección económica en los próximos meses, pero esta vez no será por la venta de una parcela (acaba de enajenar varias y tiene apalabradas otras que paliarían su enorme deuda de 100 millones de euros) sino por una sentencia judicial que obliga a la devolución de más de 385.000 euros que en su día se pagaron dentro de las expropiaciones y que fueron fruto de un error.
El caso fue expuesto este lunes a los miembros del órgano de gestión de la cuarta fase de ampliación del polígono industrial, una vez que cuenta con una sentencia favorable firme tal y como explican fuentes de la Fundación Caja de Burgos. Durante el proceso de expropiación del suelo necesario para acometer la última y mayor fase de Villalonquéjar unos propietarios, agrupados como herederos de una antigua titular, presentaron una documentación catastral que parecía justificar la titularidad de sus fincas.
Sin embargo, estas fincas no figuraban en el Registro de la Propiedad tal y como pudo comprobar el Consorcio, pero al tratarse de algo relativamente frecuente se dio el visto bueno al expediente teniendo en cuenta que, además, no se había producido ninguna alegación de terceros.
Se realizaron los trámites oportunos y se pagó el justiprecio correspondiente la nada despreciable cantidad de 305.000 euros que suponía alrededor del 1% del importe total de la expropiación. Todo parecía discurrir con normalidad hasta que un año más tarde otro propietario presentó una reclamación asegurando que esas fincas eran de su propiedad.
Con la nueva documentación registral en la mano, el Consorcio tuvo que rectificar. Admitió el error, abonó al propietario real el importe que le correspondía y procedió a reclamar el importe incorrectamente abonado a la familia inicialmente ‘agraciada’. No hubo acuerdo con ellos, hubo que interponer una demanda judicial y finalmente el proceso ha concluido, tras un recurso, con sentencia firme favorable al ente formado por el Ayuntamiento y Caja de Burgos.
Reintegro de intereses
Fuentes del Consorcio recuerdan que si los considerados definitivamente como legítimos propietarios lo hubieran advertido en 2006 no habría sucedido el abono erróneo, «ya que el lo habríamos consignado judicialmente para que se determinara quién era el propietario legítimo».
Además, recalcan que las arcas del Consistorio y de la antigua caja municipal «no ha sufrido ningún perjuicio económico», puesto que además del dinero pagado en su momento la sentencia impone las costas a la parte perdedora y los intereses generados desde el año 2006, que supondrían más de 80.000 euros extras.