José Antonio E.M., un constructor vecino de Melgar de Fernamental, cumplirá una pena de 8 meses de prisión por ser autor de un delito de apropiación indebida, al quedarse con la retroexcavadora de un vallisoletano desaparecido desde 2008, si bien su familia lo denunció en 2010. La Guardia Civil investigó al ahora condenado al considerarle presunto autor del homicidio del dueño de la máquina. Más bien del arrendatario de la misma, porque la tenía alquilada a una empresa de ‘leasing’. Aunque ingresó en prisión provisional, por orden del juez, debido a su supuesta implicación en el crimen, el Juzgado de Instrucción 3 decidió finalmente procesarle solo por un delito de apropiación. La Fiscalía había solicitado tres años y medio de prisión, pero ayer el abogado defensor, el representante del Ministerio Público y la acusación particular llegaron a un acuerdo y la pena de cárcel quedó reducida considerablemente. Además, deberá indemnizar a la familia del propietario de la máquina con 50.000 euros.

Luis Fernando García Hernández, natural de El Campillo (Valladolid), trasladó a Melgar su máquina en agosto de 2008 y la dejó en una nave del acusado, a quien entregó la llave a la espera de trabajar en las obras del polígono de dicha localidad.

Desde esa fecha el imputado utilizó la retroexcavadora en beneficio propio y, a fin de aparentar que era suya, colocó varias pegatinas de la empresa de su propiedad, según el fiscal. En abril de 2009 contrató a su nombre un seguro y la máquina estuvo en su poder hasta marzo de 2013, cuando fue detenido por la Guardia Civil.

El hecho de que se apropiara de ella tuvo consecuencias para la familia del desaparecido, pues su madre había avalado el contrato de arrendamiento de la retroexcavadora con su casa. Como consecuencia del incumplimiento de la obligación de pago la empresa de ‘leasing’ cerró la cuenta y liquidó el saldo para su reclamación judicial, resultando una deuda de más de 98.000 euros.

Como consecuencia de ello y mientras el acusado estaba en posesión de la máquina, el juzgado inició el procedimiento para saldar la deuda y, ante la falta de pago, procedió a ejecutar un inmueble de su madre. Pocos meses después se decretaba el embargo de la máquina, por lo que la familia se ha quedado sin nada.

La Audiencia Provincial había programado el juicio para ayer, pero al final no tuvo que celebrarse debido a la conformidad a la que llegaron las partes antes de la vista oral.