La sección de Interior de la delegación de la Junta de Castilla y León ha debido observar una conducta notablemente obstinada en los dueños de tres establecimientos de la capital para que haya decidido clausurarlos. El Baúl de la Piquer, La chica de ayer y el Chiqui & Chus son los primeros bares que cierran por imposición administrativa en dos años y en todos los casos ha sido por negarse de forma reiterada a cumplir con su horario de cierre. Cuando los técnicos toman la decisión de ordenar el cese de actividad a un establecimiento es que ya acumula numerosos expedientes sancionadores y las multas económicas no han surtido el efecto disuasorio perseguido.
Durante 2015 (con datos hasta el 31 de octubre) la Junta ha incoado en la capital 129 expedientes sancionadores por infracciones a la Ley de Espectáculos y Actividades Recreativas de Castilla y León (por incumplimiento del horario de cierre), 12 más que en todo 2014, lo que representa un incremento porcentual del 10%. Hay establecimientos que con la primera multa «aprenden la lección» y no vuelven a infringir la normativa, y hay otros especialmente reincidentes. A los tres ya mencionados hay que sumar por ejemplo el Jack Crow's (en Bernardas), que en 2014 acumuló 34 apercibimientos, pero ya no está abierto al público. Así, los 129 expedientes abiertos este ejercicio corresponden a 40 establecimientos, algunos de los cuales suman solo uno y otros, los más castigados, más de 10 y más de 20.
La normativa contempla sanciones económicas para los bares que se saltan a la torera la hora tope de cierre, que van desde los 601 euros hasta los 30.000. La mayoría de las multas, según explican desde la sección de Interior de la Delegación Territorial, se imponen en su límite mínimo y las de mayor cuantía no superan los 5.000 euros. «Y es que castigar hoy día, en mitad de la crisis económica, a un establecimiento con 30.000 euros supondría casi decretar el cierre definitivo del negocio», señalan desde la Junta.
Casi todos los expedientes terminan en sanción económica. Solo en aquellos casos -que son muy escasos- en que el denunciado prueba que no es propietario del local (porque se ha producido un traspaso del negocio no comunicado) el procedimiento se sobresee. Los propietarios de los establecimientos también pueden acudir a los tribunales para interrumpir el proceso.
Proporcionalidad. Las mismas fuentes admiten que la Ley «está para cumplirla», pero matizan que hay que aplicarla «con criterios de proporcionalidad». Este mismo argumento utiliza la Delegación para justificar las escasas clausuras que decreta y que lo haga por un periodo corto (cuatro días, de jueves a domingo). La norma autonómica permite el cese de una actividad hasta por un año. «Hay que recordar que estos establecimientos constituyen una actividad económica que genera empleo», recuerdan.
Recuerdan desde la Junta de Castilla y León también que en realidad «lo que molesta a los vecinos de las zonas de copas son los ruidos que generan los establecimientos, debido a que los sistemas de insonorización son anticuados y no aíslan debidamente a los pisos superiores».
En muchas ocasiones la ciudadanía opina que a estos establecimientos les compensa pagar la multa porque la recaudación que obtienen durante el tiempo que incumplen la ley es superior a la cuantía de la sanción. En la sección de Interior no opinan lo mismo y han animado a más de un hostelero a «hacer la prueba». «Y lo que no les compensa es que les cierren el bar cuatro días», agregan.
En este sentido, cuando el Ejecutivo autonómico impone una medida de clausura a un establecimiento los propietarios del mismo cuentan con la ventaja de «elegir las fechas en que quieren ejecutar la orden». De hecho la sección de Interior envía un requerimiento por escrito para que lo hagan. Los dueños de La chica de ayer así lo hicieron y cerraron entre el 12 y 15 de noviembre. Sin embargo el Chiqui & Chus y El baúl de la Piquer ni respondieron a la solicitud para que escogieran el fin de semana que mejor les viniera. De modo que la Junta decretó el precinto.