Los soldados del servicio de Alimentación del Ejército, que en este momento centran su trabajo en las comidas que realizan para sus compañeros en las maniobras, regresarán a las cocinas de las instalaciones que el Ministerio de Defensa tiene en Burgos a partir del próximo 1 de enero. La consecuencia de esta decisión, si nada lo evita, será que los 22 trabajadores que ahora realizan esta tarea para la empresa Ucalsa se irán al desempleo al finalizar el año.
El motivo de este cambio viene motivado porque el próximo 31 de diciembre, después de agotarse la última prórroga, finaliza el contrato que tiene firmado la adjudicataria. Fuentes de Defensa explicaron que en el segundo semestre del año pasado, dentro del «acuerdo marco nacional», «no se presentó ninguna oferta» para realizar este servicio en Burgos y eso provocó que se firmara «un contrato derivado» con Ucalsa por seis meses. Se subió el precio que se pagaba por el menú para que la empresa continuara con la gestión de los comedores. Un acuerdo prolongado hasta finales de este año (lo máximo que permite la ley).
La realidad es que en todo este año, aunque se podía prever que esta situación se iba a dar, Defensa no ha vuelto a licitar este servicio. Ni tiene intención de hacerlo. Las mismas fuentes entienden que el cambio de política que se realizó el año pasado, en el que los militares debían empezar a pagar por la comida (antes era gratis), ha provocado una pérdida de comensales. Y eso, añaden, ha hecho que la empresa que gestiona el comedor ya no le vea rentabilidad al negocio.
Desde Defensa explican que la decisión de poner en los fogones al personal del Ejército se realizará durante un «periodo de prueba». Lo que quiere decir, de forma implícita, que si funciona se mantendrá de forma indefinida.
La secretaria general de SMC-UGT, Beatriz Arzá, va más allá cuando apunta que Burgos podría formar parte de un «proyecto piloto» del Ministerio encaminado a «internalizar el servicio» y no dar continuidad al resto de contratos que hay por el país. Para tratar de solucionar la situación que se presenta en Burgos ayer remitieron una carta para pedir una reunión con la Jefatura de la Suige (Valladolid) y con el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (Madrid). Todo ello, después de que en Burgos se les haya trasladado que «no hay posibilidad de negociación ya que se escapa de su competencia. Nos han dicho que se limitan a cumplir órdenes y dar instrucciones para que se asuma a gestión por medios propios de la tropa».
Esto significa, según detalla, que si se hace efectiva la finalización del contrato perderán su empleo los 14 trabajadores del servicio en la Base de Castrillo, los 5 del Acuartelamiento Diego Porcelos, la persona que hay en el Polvorín de Ibeas, otra más que hay en el Capitán Mayoral y el encargado de todos ellos. Las cafeterías, al no considerarse un servicio básico, dejarán de funcionar.
Para hacerse oír, los trabajadores se concentrarán todos los días laborables de la próxima semana a las 18 horas. El lunes lo harán frente a Capitanía, el martes en el Diego Porcelos, el miércoles en acuartelamiento Capitán Mayoral, e jueves en la Subdelegación de Defensa y el viernes, de nuevo, en el Diego Porcelos.
Beatriz Arzá detalló que la internalización de este servicio afectará a personas que llevan, en muchos casos, «15 años en ese trabajo», que tienen ya una edad, hijos a su cargo y que se encontrarán ante «una situación económica muy delicada». No solo exigen que se mantenga el servicio externalizado. A Ucalsa e piden reubicaciones en otros centros.