El 18 de junio de 2012, la primera noche a pleno rendimiento del Hospital Universitario de Burgos registraba 346 pacientes ingresados y una niña llamada Estéfani que vino al mundo a las 9,40 horas estrenaba los paritorios. La ciudad daba entonces un salto histórico al pasar del viejo Hospital General Yagüe, construido en 1960, a una instalación incomparable por sus medios técnicos, su extensión y también su coste, todos ellos con cifras abrumadoras.

El HUBU se presentaba como la llegada de la modernidad en el equipamiento sanitario. La Junta de Castilla yLeón presumía de haber sacado adelante esa infraestructura en tiempos de crisis y la ciudad se felicitaba por un cambio fraguado muchos años atrás cuando diversos colectivos del ámbito de la salud se unieron más allá de siglas partidistas para reclamar un nuevo hospital.

Sin embargo, el modelo elegido para su construcción, equipamiento y gestión estuvo en cuestión desde el primer momento. La administración autonómica optó por la fórmula de la concesión de obra pública durante un periodo de 30 años. El personal sanitario y sus servicios siguen siendo públicos, pero las empresas que construyeron y equiparon el hospital (14 adjudicatarias, algunas de ellos a su vez resultantes de la unión de otras firmas) tienen derecho a la explotación de servicios no sanitarios y al reintegro de la inversión mediante un canon anual.

Esta colaboración público-privada en un hospital no tenía precedentes en Castilla y León, aunque sí en otras comunidades, y fue presentada como una solución que permitiría tener el centro en menos tiempo y con un ahorro. Dos años después, el debate sobre su verdadera utilidad y la exigencia de rescate por parte de la administración no se han apagado, sino que incluso han ido en aumento.

Hace diez días una multitud (en torno a 10.000 personas, aunque los organizadores incluso duplican la cifra) salieron a las calles de Burgos en una de las manifestaciones más importantes de los últimos años para exigirle a la Junta «un hospital íntegramente público» y la mejora global del sistema sanitario, víctima de los recortes de los últimos años.

Ante semejante movilización, el consejero de Sanidad insistió en que el hospital ya es público y, aun admitiendo que siempre hay cuestiones mejorables, advirtió que existe un contrato en vigor entre las partes cuya modificación exigiría un estudio en profundidad teniendo en cuenta todas las consecuencias, también las económicas. La administración siempre ha defendido la fórmula de Burgos, pero no tiene previsto aplicarla a futuros nuevos hospitales de la región (el próximo será el de Palencia).

Cuestionada por la eterna discusión en torno a su papel en el HUBU, la empresa Eficanza admite que «el rescate está naturalmente contemplado en el contrato firmado entre la Junta y la empresa concesionaria para determinados supuestos».

«Ahora bien», añade, «el grado de cumplimiento de la concesionaria con todos y cada uno de los puntos contractuales es muy positivo» y cita «todos los indicadores de calidad y disponibilidad de la obra regulados por la administración y todas las encuestas de satisfacción realizadas –tanto por Sacyl como por Eficanza- entre todos los usuarios del hospital».

«Oportunidad perdida»

Frente a la administración y la empresa, la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos se mantiene firme en sus convicciones y reforzada tras la demostración de apoyo popular. Pablo Oyángüez y Juan Antonio Ayllón, dos de sus miembros, reiteran que debe procederse al rescate del HUBU porque el modelo de concesión resulta gravoso para las arcas públicas y convierte a la Junta en «cautiva» de la empresa en la toma de decisiones al estar obligada a «unas tarifas disparadas» y a multitud de pagos tanto por el uso cotidiano del centro sanitario como por cualquier mejora o renovación que sea necesaria.

A su juicio, el nuevo hospital de Burgos, que ahora cumple dos años, «no es que sea peor que el Yagüe», y de hecho insisten en «huir de los maniqueísmos» cuando alguien les plantea si estamos mejor que con las viejas instalaciones. «Es más bien una oportunidad perdida, cuyo funcionamiento es más caro y que obliga a unas condiciones económicas que impide destinar recursos a otras cuestiones sanitarias». Por eso reclaman un rescate «que no sea una componenda sino que resulte equilibrado, sin soslayar responsabilidades de unos y de otros y sin perjuicio de los ciudadanos».

Porque, sobre todo, «el modelo actual introduce intereses divergentes y en conflicto permanente» entre las partes cuya traducción práctica, siempre según Oyángüez y Ayllón, acaba repercutiendo en los pacientes por la ineficiencia en el empleo de recursos técnicos y personales.

De hecho, y más allá de las opiniones de unos y otros, los hechos demuestran que la convivencia de los intereses públicos y privados no siempre es pacífica y ya hay varios ejemplos que han acabado en los tribunales. El propio consejero Antonio Saez Aguado reveló a principios de mes que la concesionaria ha recurrido al menos tres cuestiones relacionadas con el gasto en electricidad, el número de tarjetas sanitarias que se atienden y el canon derivado del incremento de equipamiento.

Pese a ello, y en referencia a su relación con la administración, dicen fuentes de Eficanza que «nuestro trabajo siempre ha sido de apoyo incondicional a la gerencia del hospital y sus profesionales para el perfecto servicio», tanto asistencial como no asistencial. Pero además, haciendo referencia a los aspectos económicos, siempre tan delicados, subrayan que «la sociedad concesionaria –por las especiales características de su accionariado- ha antepuesto siempre los intereses de los burgaleses en contar con el mejor hospital posible, por delante de sus legítimos intereses empresariales. Tal es nuestra implicación que, sólo en este contexto, se explican las pérdidas continuadas que hemos soportado durante estos dos años de funcionamiento del hospital. Pérdidas que se reflejan en nuestro balance y que lógicamente deben ser compensadas en un análisis de los costes reales».

Balance de gestión

El debate rodea a la gestión cotidiana, que en cualquier caso debe ocuparse de la atención a los pacientes y de organizar un edificio por el que pasan diariamente varios miles de burgaleses.

Con motivo de sus primeros 24 meses de funcionamiento, el director gerente del HUBU remitió a la Consejería de Sanidad un informe en el que recuerda brevemente el camino recorrido. Entre las grandes cifras se reflejan, por ejemplo, alrededor de 60.000 ingresos en todo este tiempo, 230.000 visitas a Urgencias o casi medio millón de consultas externas anuales.

Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso, el gerente, destaca en su valoración los que considera como principales logros, además de adjuntar el cuestionario de satisfacción realizado en octubre de 2013 en el que el 97% de los pacientes estaban satisfechos o muy satisfechos con la calidad de la atención hospitalaria.

Entre los puntos positivos, menciona un «enorme ahorro» en externalizaciones (pese a que no se han conseguido erradicar y recientemente hemos conocido episodios en rehabilitación o resonancias magnéticas, cuya demanda no es posible asumir todavía con medios públicos) o el «alto ritmo de actividad» en hospitalización con «una importante mejoría en la estancia media», que va cayendo progresivamente y que en los cinco primeros meses de este año ha bajado hasta los 6,61 días (en el Yagüe superaba los 7).

Esta última cifra es una habitual de las mediciones sobre gestión sanitaria, pero desde la Plataforma por la Sanidad Pública advierten de que «valorarla sin tener en cuenta otros factores es peligroso, pues se corre el riesgo de trabajar con el objetivo único de mejorar la cifra». Es decir: habría que saber en qué condiciones se dan las altas y cuál es la tasa de reingreso de los enfermos para saber si la reducción de la estancia media es buena o mala en sí misma.

La gerencia del hospital debe luchar, además, contra la permanente amenaza de la lista de espera, que pese a haberse reducido en las intervenciones quirúrgicas ha crecido en algunas consultas y que resulta especialmente llamativa en casos como el que conocimos a primeros de mayo, cuando ante mamografías con más de un año de demora la dirección reaccionó anunciando una revisión de estas citaciones.

Pese a ser un hospital tan nuevo, el HUBU ha vivido varios episodios de obras de remodelación, mejoras en diversas plantas y cierres parciales, también alegando una reducción de costes y a la omnipresente «optimización de recursos».

Y mientras tanto, las polémicas en torno a una dotación tan sensible a buen seguro continuarán en los próximos meses, o quizás años. Independientemente de las plataformas ciudadanas que seguirán presionando en favor de la gestión enteramente pública, todos los partidos políticos toman posiciones con la mente ya puesta en las elecciones autonómicas de 2015 y es de esperar que el debate se recrudezca.