No parece haber entrado con buen pie el Ayuntamiento de Aranda en el nuevo año. Apenas habían acabado de digerirse las doce uvas, llegó a dependencias municipales una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estimando parcialmente el recurso que interpuso la constructora Proincove contra la tasación realizada por la Comisión Territorial de Valoración que fijaba en algo más de 4.017.000 euros el justiprecio que debía abonar el Consistorio arandino por la ocupación irregular de unos terrenos de su propiedad junto al Arandilla, al final de la calle Pedro Sanz Abad, cuando se llevó a cabo el proyecto de acondicionamiento de las riberas de los ríos que atraviesan la capital ribereña.
Este fallo supone un duro varapalo para los intereses municipales además de un fuerte quebranto al erario local, puesto que, considerado globalmente, eleva hasta alcanzar casi 7,12 millones de euros, la cantidad que tendrá que satisfacer el Ayuntamiento a esta empresa arandina por haber acometido actuaciones, sin haberlas expropiado previamente, en unas fincas que suponen una superficie de algo más de 8.000 m2. La estimación solo parcial del recurso de la constructora supone que eleve el justiprecio fijado por los terrenos tan solo algo más de un 6%, hasta rozar los 4.268.700 euros.
Las cifras, sin embargo, se incrementan estrepitosamente al imponer el tribunal sobre esa cantidad un recargo del 25% a modo de compensación o indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la actuación del Consistorio, que ocupó irregularmente unas parcelas que no eran de su propiedad. Con ello, la cantidad a desembolsar por las arcas municipales crece hasta situarse por encima de los 5.335.000 euros.
Por último, la sentencia determina además el abono de intereses moratorios. Además, determina que el cálculo de estos debe retrotraerse hasta febrero de 2005, cuando el responsable de la constructora advirtió por primera vez al Ayuntamiento de la situación que había creado. Teniendo en cuenta las nuevas cantidades fijadas por el TSJ como pago por los terrenos así como la correspondiente indemnización elevan los intereses a más de 16.600 euros al mes -213.000 al año- y, a día de hoy, establecen el montante total a abonar en casi 7,12 millones.
Se da la circunstancia de que este fallo aún no es firme aunque contra él únicamente cabe la interposición en un plazo de diez días de recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En cualquier caso, y de ser admitido a trámite, podría suponer una demora cercana a los tres años en la resolución definitiva de la situación. Un periodo a lo largo del cual, si finalmente confirma los fallos anteriores, seguiría incrementándose la cuantía a abonar por el Consistorio por los intereses impuestos.
EJECUCIÓN CAUTELAR
En cualquier caso, Proincove presentó a primeros de diciembre en el Ayuntamiento un escrito instando a que se ejecutara el pago de los 4,017 millones de euros en que tasó la Comisión Territorial de Valoración inicialmente el coste de los terrenos ocupados y que no fue objeto de ningún recurso, por lo que se entiende que es firme. Asimismo, la empresa no estaría dispuesta a emplear una fórmula de dación en pago para que se le satisfaga esta cantidad. En el escrito, además, se advertiría además de las consecuencias y responsabilidades que pudiera conllevar hacer caso omiso de esta petición.