El Partido Castellano (PCAS) continúa judicializando la campaña electoral y, si el martes era el alcalde de Caleruega el denunciado, ayer lo fue el presidente de la Diputación, César Rico, y los 16 diputados del Grupo Popular «por los presuntos delitos de: malversación de fondos públicos y prevaricación, al abonar una factura, a cargo de las arcas de la institución de 252.890 euros, a favor del letrado Juan Manuel García-Gallardo Gil-Fournier por diferentes litigios entre la empresa constructora de la presa de Alba ‘Presalba UTE’ y la Diputación, a la que ese abogado defendió», señaló el candidato a la Alcaldía de Burgos por el PCAS, Domingo Hernández.
La denuncia de la formación castellanista se basa en diferentes hechos, «el primero de ellos que el pago se realiza en 2013 por servicios que se remontan a los años 1996-97, cuando la Diputación mantuvo una serie de litigios por diferentes actuaciones en la Presa del Alba, también conocida como del río Oca, sita en Villafranca Montes de Oca y que fue construida por la institución.
«Se abonan 7 procedimientos diferentes en una sola factura, sin tener en cuenta por parte de la Diputación ni la prescripción de alguno o todos, ni el análisis de las costas (alguna de las sentencias habla de compartir costas entre litigantes) y la Diputación abona íntegramente lo solicitado por el abogado sin estudiar esta circunstancia», apunta.
Desde el PCAS también denuncian el procedimiento para hacer el pago, ya que Hernández considera que «se debiera haber iniciado un expediente de Responsabilidad Patrimonial y no una modificación de crédito» y apunta que, «por si esto fuera poco, para el cálculo de la minuta se tiene en cuenta los criterios del Colegio de Abogados de Castilla y León de 2009, y no el aplicable a unos trabajos realizados en el siglo pasado (1997), incluso con un IVA inferior y sin duda de un importe mucho menor a los fijados en el pago. Tampoco se determinó, por anticipado, el precio por los servicios a prestar».
Además, desde el PCAS señalan que los informes de la Secretaría de la Diputación, en su opinión, «siembra ciertas dudas, en concreto el informe del 3 de mayo de 2013 se cita textualmente que la cuestión de legalidad de los acuerdos de referencia, pierde gran parte de su relevancia». También apunta en otro informe que, «aún cuando los acuerdos de referencia adolecieran en su momento de irregularidades, incluso esenciales, como es la falta de tramitación de un procedimiento específico o la ausencia de determinación del precio».
Rico: «Ir es gratis»
Tras conocer la presentación de esta denuncia, el presidente de la Diputación recordó que el expediente de esa factura fue al Pleno de la Corporación Provincial, «y cuando van lo hacen con todos los informes preceptivos tanto de Secretaria como de Intervención y no hay nada más que señalar», afirmó Rico, quien apuntó que «cada uno se hace publicidad como puede y entiendo que un partido al que sus propios dirigentes lo han destrozado intenten buscar publicidad en los medios de comunicación a costa de otros». Finalmente Rico envío un recado al candidato del PCAS a la Alcaldía, «que trabaje y esté más en contacto con los vecinos, que ya le han dado la espalda en otras ocasiones, pero esto es lo que hay y como ir a la Fiscalía es gratis cualquier ciudadano tiene derecho a ir».