El complejo asunto de la plaza de toros de la capital ribereña sigue enrevesándose cada vez más. La última vuelta de tuerca la ha dado Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros ha denunciado la ocultación por parte del Ayuntamiento arandino al Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº1 de Burgos de la concesión de la licencia definitiva al coso dentro del procedimiento ordinario 53/2013 interpuesto por Toros Ricor contra el Consistorio por el que reclama  306.242,42 euros de indemnización por obras realizadas por el propietario a consecuencia de una posterior modificación de las alineaciones.

La coordinadora explica que el letrado oficial mayor del Ayuntamiento contestó a la demanda interpuesta mediante escrito de 22 de octubre de 2014, en el que de forma sorprendente y, a su juicio, de todo punto incomprensible se afirma «... que a fecha actual han impedido que la actora haya obtenido la definitiva licencia de obras de primera ocupación».

El abogado de la plataforma, Julián Mateos, registró ayer un escrito dirigido a la alcaldesa, Raquel González, en el que alerta de que tal afirmación es una «grave falsedad», ya que como es público y notorio, el 9 de septiembre la Junta de Gobierno Local concedió licencia de primera ocupación y apertura a la plaza multiusos.

En consecuencia entiende que o bien el Ayuntamiento ha metido al juzgado o bien le ha ocultado «de forma deliberada» la concesión de dicha licencia de apertura «sabiendo que es contraria a derecho y, por tanto, podría suponer un presunto delito de prevaricación». Y advierte de que mentir a un órgano jurisdiccional no es un hecho baladí, máxime cuando se produce desde una administración pública y por un funcionario público, ya esta conducta podría ser constitutiva de un delito de falso testimonio.

La plataforma exige una explicación pública y, en vía administrativa, previa al ejercicio de acciones en la vía jurisdiccional, requiere  a la alcaldesa, en calidad de jefe de Personal del Ayuntamiento y dado que los servicios jurídicos dependen jerárquicamente de ella,  que manifieste si dio instrucciones y ordenó al letrado oficial  mayor el sentido de la contestación a la demanda interpuesta, para que ocultara mediante una afirmación falsa la concesión de la licencia. 

O lo que es lo mismo, quieren saber si el funcionario público «ha mentido en su escrito cumpliendo instrucciones suyas, en cuyo caso nos reservamos -anuncian- el ejercicio de las acciones legales que puedan corresponder» o si, por el contrario, el oficial letrado ha contestado de forma unilateral e independiente a la demanda.

Si se impusiera esta posibilidad la coordinadora solicita a la regidora que adopte con carácter inmediato las medidas disciplinarias que la ley prevé para sancionar las conductas de los funcionarios públicos contrarias  a sus obligaciones. «Se trata de un hecho grave, ya que resulta evidente que el letrado oficial mayor no ha desempeñado sus funciones de forma diligente y conforme a derecho y, en consecuencia no está actuando en defensa de los intereses públicos del Consistorio y de los ciudadanos de Aranda», insisten.

DB contactó ayer con la alcaldesa para conocer su opinión sobre esta acusación pero evitó pronunciarse sobre este asunto.