La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional expresó ayer sus dudas acerca de la constitucionalidad de la supresión de la paga extra de diciembre de 2012 a los funcionarios, porque entiende que «se ha podido vulnerar» el derecho que garantiza la imposibilidad de aplicar con carácter retroactivo «medidas restrictivas» de derechos individuales.

En una providencia, fechada ayer, los magistrados acordaron, por «unanimidad», cuestionar a las partes y a la Fiscalía si procede plantear cuestión de constitucionalidad, por lo que deberán responder en un plazo de 10 días.

En línea con la doctrina del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional entiende que las gratificaciones extraordinarias son una manifestación del salario diferido, que se devenga diariamente. En este sentido, señala que la supresión de la paga extra aprobada por el Gobierno no hacía excepción alguna de la parte ya devengada cuando entró en vigor la medida, el pasado 15 de julio.

Por esta razón, la Sala «se plantea la posibilidad» de que esta medida vulnere el artículo 9.3 de la Carta Magna, en el que se garantiza la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales.

«En la medida en que la norma suprime el derecho de los trabajadores a percibir cuantías ya devengadas, expresamos nuestras dudas sobre su ajuste constitucional», concluyeron los magistrados.

La Audiencia Nacional dictó esta providencia en respuesta al conflicto planteado por los sindicatos por la eliminación de esta retribución en la Compañía Española de Tabaco en Rama

«Muy positivo». Después de conocerse el auto de los jueces, el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), Miguel Borra, lo consideró «muy positivo». Además, añadió que espera que, «desde el respeto a la independencia del poder judicial», acabe por plantearse cuestión de constitucionalidad.

En opinión de Borra, la eliminación de la paga extra de Navidad a los empleados públicos tiene un carácter confiscatorio «inadmisible» en un Estado de Derecho. Por ello, se mostró confiado en que el Gobierno «tome nota» del auto de la Audiencia y rectifique cuanto antes, máxime ante el «aluvión» de reclamaciones sindicales que recibirá en las próximas semanas.

Mientras, la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT señaló también que «lo principal es que se entienda que la paga extra «no es un regalo, sino un derecho, y que, más allá de las repercusiones legales, tiene una dimensión social y ética, pues la Administración ha vulnerado los derechos de sus trabajadores». Por ello, confía en que la Justicia restituya la retribución de Navidad.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mostró su «respeto» a la providencia de la Justicia, pero declinaron comentar el auto.