El fiscal jefe de Burgos, Santiago Mena, no duda al afirmar que la ley ha sido «absolutamente positiva». En primer lugar, porque permitió reconocer desde el punto de vista de la legalidad algo inexistente hasta su aprobación entre aplausos en el Congreso de los Diputados y, desde el punto de vista práctico, porque se propuso abordar la violencia sobre la mujer a través de diversos prismas. «No es solo una ley represiva;trata de otros aspectos que, desde mi punto de vista, a medio y largo plazo son más importantes que el ámbito penal, que es el último de los recursos y cuando interviene, es porque todos los demás ámbitos han fracasado», apunta el responsable de la Fiscalía burgalesa en alusión al esfuerzo en prevención al que aspira la ley orgánica a través de la formación de los profesionales y de la educación en igualdad en el conjunto de la sociedad.
Sin embargo, aún considerando que es un «punto de partida muy sólido», tampoco oculta que en algunos aspectos es «manifiestamente mejorable». Sobre todo, si se tiene en cuenta la repercusión que han tenido los últimos cinco años de crisis. «¿Es mejorable la ley? Sí, pero no se le puede achacar al texto en sí mismo, sino a los elementos fundamentales en la puesta en marcha y en la buena aplicación de la ley, que es muy compleja porque engloba muchos aspectos que no solo hay que plasmar sobre el papel, sino que hay que llevar a la práctica con presupuesto».
En este sentido, considera que el aspecto en el que más habría que incidir y en el que mayor esfuerzo habría que hacer con independencia de las dotaciones presupuestarias es la educación. «Cuánta más y mejor sea, menos intervenciones penales existirán. Y no solo en violencia sobre la mujer, sino en cualquier otra materia. Entonces, en ese aspecto concreto yo sí me pregunto si ha fracasado la ley o si hemos fracasado todos, porque el ámbito educativo sí está fallando», asegura Mena, antes de añadir que, después de una década ahondando en conceptos como la no discriminación por razón de género, la igualdad entre sexos, o las múltiples campañas de concienciación y sensibilización, «es desolador que en encuestas y estudios realizados entre la juventud de este país, se compruebe que siguen existiendo tópicos que se achacaban a generaciones pasadas. Y ahí sí que hay que incidir, porque el ámbito penal actúa cuando el hecho se ha producido, pero la solución a las situaciones de discriminación en las que viven muchas personas solo se resolverán con conciencia social», concluye.
Presidenta de la Asociación La Rueda • Laura Pérez
«No se ha derogado formalmente, pero ha sufrido un retroceso importante»
La psicóloga y presidenta de la asociación La Rueda, Laura Pérez, recuerda que las asociaciones y colectivos que llevaban lustros luchando contra la violencia machista recibieron «con alegría y muchas expectativas la ley, porque era una conquista del movimiento feminista y porque, aun siendo muy mejorable, era un buen comienzo». Aplaudieron que por fin se llevara a la esfera pública algo que siempre se había tratado en la privada y el intento del legislador de combatir el machismo desde muchos y muy diversos ámbitos. Y es precisamente lo que más alabaron desde La Rueda y otros tantos colectivos semejantes lo que ahora creen que menos se ha desarrollado. «La ley no se ha derogado formalmente, pero ha sufrido un retroceso importante a todos los niveles», apunta Pérez, antes de entrar a analizar cada uno de ellos. «La herramienta más eficaz en la lucha es la educación. La ley habla de prevención desde la etapa infantil hasta la universitaria y ahí vemos que queda muchísimo por hacer. También en las campañas de sensibilización, yo hace años que no veo una nueva de ámbito nacional», destaca. Otro de los pilares de la ley era el propósito de dar una respuesta integral a la víctima tras la denuncia, en la que no solo se incluían facilidades para encontrar vivienda, sino también apoyo económico. Y esto, a juicio de Pérez, tampoco se ha desarrollado correctamente. « En un principio, en 2005, hubo muchas mujeres que vieron que lo que ellas vivían no era lo normal, pero ahora se han dado de bruces contra la realidad: si no tengo una red de apoyo, ¿cómo salgo de la violencia? En Castilla y León no lo vemos tanto, pero sí en Castilla La Mancha, donde se han cerrado casas de acogida. En general, con la excusa de la crisis, vemos que la violencia de género ha pasado a cuarto o quinto puesto», asegura.
Ahora, Pérez considera prioritario hacer un esfuerzo para aplicar la ley «tal y como está», pero «en toda su extensión». Solo entonces, asegura, «podremos saber si ha funcionado o no».
Director del Instituto de Medicina Legal, Amador Martínez
«No se puede minusvalorar la eficacia de la ley porque siga habiendo maltrato y muertas»
Amador Martínez es el director del Instituto de Medicina Legal de Burgos desde su creación hace once años; un tiempo en el que al amparo de la ley de la que ahora se hace balance también se constituyó y puso en marcha la Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia de Género. De ahí que Martínez tenga un conocimiento muy amplio de la materia, dado que son cientos las víctimas y los agresores que han pasado por las dependencias que dirige para dar un testimonio que luego se incluye en las pruebas periciales. «Yo creo que hay un antes y un después de la ley», apunta Martínez, incidiendo en la amplitud de medidas incluidas en el texto para afrontar la problemática que acaba cada año con la vida de decenas de mujeres en España. «Además de los aspectos penales y procesales se plantea un abordaje integral, ha permitido también la valoración del riesgo de reincidencia y en los últimos años parece que se plantea la posibilidad de hacer modificaciones legales para considerar a los hijos víctimas directas de la violencia, que hasta ahora no lo eran. Es decir, ha facilitado concienciación social generalizada, hasta en los consejos escolares hay un delegado para igualdad», explica.
Con respecto a cuán eficaz ha sido esta ley y en qué medida ha cumplido su propósito, Martínez considera que hay que ser cauto y «no minusvalorar la eficacia de la ley en función de que siga habiendo mujeres maltratadas o muertas». Es más, el forense destaca que «ninguna ley puede modificar a corto o medio plaso, incluso con los planteamientos educativos previstos conductas sociales muy instaladas. No es que la ley sea insuficiente por sí misma. Es como si dijéramos que por tener leyes ya no va a haber robos o accidentes de tráfico».
Sin embargo, esta consideración no significa que no crea necesario introducir algunos cambios. En concreto, apunta que en las Unidades de Valoración Integral hay que hacer «estudios periciales largos, porque se trata de profundizar en muchas variables que afectan a la víctima, al agresor e incluso a los hijos. Entonces, a veces tardamos en emitir los informes porque el tema es complejo y cada vez se requieren más». De ahí que Martínez crea que «se va viendo la necesidad de más personal forense especializado en el ámbito psicológico social. Solo un caso supone ver a seis personas y un montón de entrevistas». También cree necesario «ganar en coordinación interna y externa con todos los operadores que intervienen en los procesos», y que son muchos: desde policía y personal sanitario de Urgencias hasta forenses, Fiscalía y Judicatura. Algo que también aprecia el responsable del Instituto es que las mujeres cada vez tienen más información.