Tras varios días en el punto de mira internacional por el llamamiento lanzado en la ONU por el presidente de EEUU, Donald Trump, a restablecer la democracia en Venezuela y su insinuación sobre el factible éxito de un golpe militar contra el régimen de Maduro, que insiste en reunirse con él, el país recibía un golpe de gracia: cinco países latinoamericanos firmaron una petición dirigida a la Corte Penal Internacional (CPI) para que abra una investigación sobre posibles delitos de lesa humanidad perpetrados en la nación caribeña. Se trata de un paso sin precedentes. Nunca en la historia de la Corte, con sede en La Haya (Holanda), un Estado ha denunciado a otro. La acción de Argentina, Colombia, Perú, Chile y Paraguay, a la que se unió Canadá en el último momento, no supondrá una apertura automática de un proceso, aunque sí puede acelerar el inicio de uno si la Fiscalía, que analiza el caso venezolano desde el pasado febrero, concluye que se cumplen todos los requerimientos para ello.

¿Cuando empezó todo?

El canciller peruano, Néstor Popolizio, habló ya en julio de una acción conjunta de varios territorios. Como base, «existe un informe de expertos solicitado por la OEA sobre la violación de derechos humanos en Venezuela con ejecuciones extrajudiciales que se imputan al régimen chavista. Además, están los pronunciamientos del Alto Comisionado de la ONU», señaló. 
¿Qué dicen los expertos?

En mayo, tres juristas internacionales seleccionados por Luis Almagro para investigar la situación en la nación caribeña presentaron un informe de 400 páginas que denuncia ejecuciones extrajudiciales en el marco de protestas contra el Gobierno de Maduro, casos de tortura y violencia sexual y detenciones arbitrarias que en casos llevaron a «desapariciones forzosas». 

¿Quién más lo apoya?
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, sugirió en junio que la corte debe investigar. «Dado que el Estado (venezolano) parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la CPI en esta materia», manifestó.