La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, envió ayer un mensaje de tranquilidad a las familias que tienen hijos en edad escolar, justo en el comienzo del nuevo curso, y afirmó en el Congreso que el Gobierno de Pedro Sánchez no va a «cerrar» ni a «atacar» los centros concertados, añadiendo que decir lo contrario «son fake news». La también portavoz del Gobierno añadió que la intención del Ejecutivo es revertir los recortes del PP en esta materia, al tiempo que apostó para que el sistema público sea el eje vertebrador de la enseñanza en España.

Celaá compareció a petición propia y también de PP, Unidos Podemos y Grupo Mixto para especificar unas propuestas recogidas en un anteproyecto de ley que debe ser aprobado en Consejo de Ministros.

En el inicio del año académico, Celaá criticó que en 2012 el PP «tocó por decreto lo que nunca debiera ser tocado: la Educación, algo que jamás tocan los países más avanzados».

El documento de Educación contempla que las comunidades puedan establecer el número de horas lectivas semanales de los docentes, tanto en los centros públicos como concertados.

En la actualidad, tienen un mínimo de 25 horas para Infantil y Primaria y 20 en ESO, recordó Celaá, aunque aclaró que los límites de la jornada laboral para los profesores seguirán siendo iguales, pues se habla solo de la «carga lectiva» y no del tiempo que se dedique a tutorías.

El anteproyecto de ley para la mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria también establece que las regiones proveerán los recursos necesarios para garantizar el número máximo de alumnos por aula en Primaria y ESO.

Además, los profesores sustitutos podrán ser nombrados desde el momento de su baja, sin que el centro tenga que esperar 10 días como fijó el PP.

Estas tres medidas, que fueron aplaudidas por el PSOE, no implicarán aumento del gasto público, según Celaá. «Aquí no se agotan los deberes ni nos agotamos nosotros, estamos empezando», enfatizó Celaá a la oposición, especialmente a los que le han exigido la derogación de la Lomce (Grupo Mixto, ERC y Unidos Podemos) y una nueva ley.