La Junta de Castilla y León se mantiene firme y no aplicará el copago farmacéutico en los hospitales hasta que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid se pronuncie sobre las medidas cautelares que había solicitado y que determinará si es legal o ilegal.
La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid acordó el jueves admitir a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Consejería de Sanidad, pero no apreció especial urgencia en relación a la medida cautelarísima. El tribunal acordó no entrar a deliberar sobre dicha solicitud antes de que la Sala escuche a la parte demandada que es el Ministerio de Sanidad.
Según fuentes de la Consejería, el Ejecutivo regional esperará a la decisión final del tribunal para comenzar a cobrar este tipo de fármacos. La Junta siempre ha defendido que la aplicación de la resolución «no va a provocar daño alguno», pues ni puede considerarse que tenga una finalidad recaudatoria tendente a mejorar las cuentas públicas en las que los gastos sanitarios son un componente fundamental, ni puede considerarse que tenga una «finalidad disuasoria», puesto que se trata de pacientes crónicos que no pueden ni deben abandonar sus tratamientos.
En el recurso, presentado hace sólo una semana ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad fundamentaban la solicitud de la suspensión cautelar en las dificultades para implantarlo en la fecha señalada y las desigualdades que esta medida generaría entre las distintas comunidades, dado que «(…) no se han aclarado a las comunidades autónomas todas las cuestiones técnicas imprescindibles para la implantación efectiva y homogénea, por ello, vista la cercanía de esa fecha y a los efectos de impedir el inicio de la aplicación a fecha 1 de enero de 2014, así como su aplicación por cada comunidad autónoma de modo divergente, es imprescindible la inmediata adopción de la medida cautelar que por este medio se solicita (…) evitando la producción de un perjuicio de imposible o difícil reparación», señalaba la Consejería en un comunicado.
Oposición. La medida se ha topado con la oposición de muchas Autonomías, si bien sólo Castilla y León y Andalucía la han llevado a los tribunales, mientras País Vasco ha presentado un recurso de alzada y Canarias ha anunciado que lo recurrirá.
En este sentido, el presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, aseguró ayer que no pondrá en marcha el copago hasta que no se generalice en toda España. «Si no se generaliza en el conjunto de España en La Rioja no se cobrará; si se generaliza no seremos una excepción». Por tanto, La Rioja «todavía no lo ha puesto en marcha».