Ni llevan cafés ni hacen fotocopias como cuenta la leyenda. Tampoco van corriendo a por un bollo para el jefe como narra la ficción publicitaria en algunos anuncios. Pero sobre todo no cubren un puesto de trabajo. O por lo menos no deberían hacerlo porque la finalidad de las prácticas que estudiantes y titulados realizan en las empresas de la ciudad es completar su formación y nunca desarrollar una actividad propia de una relación laboral.

Este es uno de los aspectos más puntiagudos a los que se debe prestar especial atención desde las universidades para que todo el trabajo que desarrollan desde el Área de Empleo no se vea empañado por  empresas que pueden intentar aprovechar su labor para reclutar mano de obra barata, muy barata o gratuita en función de la relación que se establezca entre las tres partes. Pero también para que estas instituciones académicas no se conviertan en proveedores de trabajadores.

«Se trata de una etapa formativa. En ningún caso pueden convertirse en un empleado más», advierte Mónica Ramos, una de las responsables de la Fundación de la Universidad de Burgos (UBU), quien destaca las ventajas de poder llevar a la práctica la teoría adquirida en las aulas. Las cifras respaldan su argumento pues a lo largo de este año han recibido alrededor de 800 currículums de titulados, de los cuales 141 (132 con carreras universitarias y 9 de formación profesional) han desarrollado prácticas a través de un convenio en alguna de las 49 empresas adscritas a la Fundación.

 

condiciones. Ramos explica que para poder acceder a estas prácticas, los interesados deben estar en posesión de un título universitario que les permita acceder a cursar prácticas relacionadas con sus estudios durante un periodo de entre 6 y 12 meses (el máximo por persona) de duración, por las que percibirán una retribución económica, por parte de la empresa, que no puede ser inferior a 680, 740 u 800 euros en función de si se trata de diplomados, graduados o licenciados, respectivamente.

«Gracias al Real Decreto de 2011 -explica Ramos-, actualmente se les considera como ‘asimilados a trabajadores’, lo que les da muchas garantías. Antes estaban totalmente desprotegidos, pero ahora cuentan con el respaldo de la mutua de la empresa y pueden coger bajas por enfermedad».

Todo esto es posible porque estos mal llamados becarios cotizan.

Sin embargo, «los meses que contribuyen a la seguridad social no se acumulan a los meses que hayan trabajado para poder percibir la prestación por desempleo». aclara Ramos. O sea que cotizan, pero no se acumula al paro sino al cómputo general de años cotizados de cara a la jubilación.

Y he aquí la principal controversia: al cotizar solo pueden inscribirse en el Ecyl como demandantes de mejora de empleo pero no como demandantes de empleo. De esta forma, más o menos significativa en función de la persona a la que se plantee el problema, las cifras del paro se maquillan con «becarios» que cotizan pero no tienen trabajo. «Cuando en su día se planteó esta forma de cotización, los tiros iban un poco por ahí», considera otra de las empleadas del Área.

«La Fundación cotiza por ellos», puntualiza la responsable de esta organización, pues ellos se encargan de realizar todas las gestiones que después facturan a la empresa que se desentiende así de todas estas labores aunque no del proceso de selección que siguen desempeñando. 

El precio que se paga por poder disponer de estos titulados se divide en varios apartados: lo que paga la empresa directamente al «becario» (entre 680 y 800 euros mensuales), la cuota que paga la empresa a la Universidad por ser socio de la Fundación (300 euros) y la seguridad social que la empresa paga a la Fundación al cotizar por el titulado (40, 81 euros por alumno).

 

¿convenio o contrato? Entre tanto desembolso al final un convenio de prácticas parece asimilarse bastante, respecto a lo que una empresa tiene que afrontar económicamente, a un contrato laboral. Entonces, ¿por qué un convenio y no un contrato?. Ramos considera que depende de «las necesidades de cada organización y lo que estén buscando», aunque los mal pensados se decantan por «el dinero que se ahorra la empresa en concepto del pago de la seguridad social del trabajador», comenta otra de las trabajadores del Área de Empleo.

También surgen dudas en torno a las empresas que siguen contando con la presencia de becarios mientras realizan expedientes de regulación de empleo, puesto que no existe un requisito explícito que impida a estas empresas establecer una convenio con la Fundación si se encuentran inmersos en un ERE o están llevando a cabo despidos.

Ramos advierte que se trata de un tema muy delicado y que cada caso es diferente. «Puede que en la sección donde necesiten becarios no haya habido despidos ni EREs. Hay que estudiar cada situación y andar con cuidado», advierte la responsable de la Fundación, que no se cansa de repetir que los becarios realizan un periodo de formación: «No pueden sustituir a un trabajador», reitera.

 Sin embargo, apunta que «es imprescindible otorgar cierta autonomía a los titulados. Hay que darles un margen de acción para que puedan desarrollarse y demostrar su valía». El problema es que un déficit en este aspecto provocará que el tiempo invertido no sirve para nada y que un exceso se convierta en un trabajador que no está en plantilla. 

«A veces establecer los límites es muy complicado», reconoce, pero recalca la importancia de otorgar cierta libertad al becario. 

De hecho, asegura que esto ha sido decisivo para alcanzar la inserción laboral que han conseguido este año. De los 141 becarios que han desfilado por las 49 empresas asociaciadas, 28 de ellos han conseguido un contrato laboral en la misma empresa donde han realizado las prácticas, aunque desconoce el tipo y la duración de estos contratos.