Si la sanidad es un asunto que preocupa a la ciudadanía, y de una forma especial en tiempos de crisis económica debido a los recortes que está sufriendo este servicio esencial, cuando se trata de los inmigrantes en situación administrativa irregular esa preocupación adquiere niveles alarmantes. El Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril «de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones» suponía, en la práctica, que este colectivo se quedaba fuera del sistema. El 1 de septiembre del año pasado, la Junta hacía llegar a sus trabajadores sanitarios una circular sobre cómo actuar ante un paciente ‘sin papeles’ pero la interpretación que se ha hecho de la misma ha dado lugar a múltiples conflictos, fundamentalmente en el Hospital Universitario de Burgos, que la asociación Burgos Acoge y la Consejería de Sanidad llevan desde mayo intentando resolver con la mediación de los procuradores socialistas por esta provincia María Fernanda Blanco y Julián Simón.
Una prueba de la inquietud con la que los extranjeros afincados en Burgos viven su acceso a la sanidad (sobre todo hospitalaria) es que en el recientemente estrenado Programa de Atención de Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnica, más de la mitad de las reclamaciones tienen la sanidad como telón de fondo.
Burgos Acoge es desde abril una de las ocho ciudades españolas que disponen de este servicio (las otras son Santander, Córdoba, Elche, Murcia, Valladolid, Salamanca y Valencia) y en estos tres meses, de las 9 reclamaciones que ha recibido, 6 (el 66%) tenían que ver con alguna discriminación ocurrida en el ámbito sanitario. De las otras tres, una estaba vinculada al empleo (una persona que dejó su trabajo por el trato denigrante y las continuas alusiones a su origen étnico) y las otras dos a anuncios que pedían que se abstuvieran de contestar personas extranjeras.
La responsable de este programa, Carmen Revuelta, explicó que, en estos casos se pusieron en contacto con los anunciantes y que la conclusión que sacan es que muchas veces se realizan esas redacciones en los anuncios por desconocimiento o por anteriores experiencias negativas. Revuelta añadió que desde la asociación se va a realizar una búsqueda activa de situaciones que puedan considerarse discriminatorias. El Programa de Atención de Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnica ofrece atención e información a las personas afectadas, acompañamiento en los trámites legales, mediación en la resolución de casos y sensibilización.
Por otro lado, Burgos Acoge sigue esperando que desde la Consejería de Sanidad se ofrezca una solución para que los ‘sin papeles’ puedan acreditar su situación y no reciban una factura por su atención en el hospital. Desde el pasado 22 de mayo no ha habido aún ninguna respuesta por parte de la Administración aunque, según la letrada de la asociación, Sonia Rodríguez, el contacto con la Junta es permanente «y nos dicen que están trabajando en ello con todo el interés».
«En la reunión con el consejero pedimos que se revisara el protocolo de facturación para que las personas inmigrantes puedan tener la oportunidad de alegar las razones por las cuales no pueden hacer frente al monto de la factura porque si no tienen medios económicos no corresponde el cobro», precisó.
La asociación tiene claro «porque así lo dice la norma» que a las personas sin recursos que requieren un servicio urgente no se les puede cobrar, una interpretación que no es compartida por el Hospital Universitario de Burgos, que sigue emitiendo las facturas.