La Secretaría de Estado de Hacienda emitió un informe el 25 de septiembre, remitido a finales de octubre a la Junta de Castilla y León, en el que advierte de la inconstitucionalidad del impuesto sobre los residuos de la central de Santa María de Garoña (Burgos), cuya ley aprobaron las Cortes en el pleno del 31 de octubre, con el objetivo de recaudar diez millones de euros, que se destinarán a la zona de influencia de la planta. La Junta remitió el documento a las Cortes, que lo recibieron el 29 de octubre, dos días antes de que se produjera el debate y votación de la nueva norma, si bien los grupos parlamentarios tuvieron conocimiento este jueves, ocho días después, del mismo. Por ello, el Grupo Socialista presentó una queja al considerar que se había hurtado su contenido, mientras para los 'populares' se trata de una “utilización política” de los medios.
Hacienda explica en su documento que gravar el depósito temporal del combustible gastado podría “dar lugar a un solapamiento entre los impuestos estatatales y autonómico”. Para ello, la Secretaría de Estado explica que volvería a soportar la carga impositiva cuando entren en las instalaciones centralizadas para este fin. “Carece de lógica pretender gravar todas o alguna de las acciones derivadas de la producción de combustible nuclear gastado, realizadas dentro de una central nuclear y dirigidas a la correcta gestión de dicho residuos puesto que la fundamentación de su gravamen ya se encuentra subsumida dentro del Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado”, señala en el informe consultado por Ical.
Hacienda recuerda sobre la adecuación de este impuesto al orden constitucional que los tributos de las comunidades no pueden recaer sobre hechos gravados por el Estado o los impuestos locales. Además recuerda el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el impuesto catalán a la producción de energía eléctrica de origen nuclear, sobre el que indicó: “No solo que se grava la misma actividad, sino que se hace también desde la misma perspectiva”.
De esta forma, la Secretaría de Estado expone que una vez analizado el impuesto de Castilla y León “considera que puede existir un solapamiento” con el estatal. Argumenta que pese a las diferencias gramaticales en la definición del hecho imponible, ambos recaen sobre el combustible nuclear empleado en la producción de electricidad. Por ello, cree que coinciden los contribuyentes y la cuota tributaria.
“No bastan, por tanto, las diferencias gramaticales para desvirtuar la coincidencia de hechos imponibles, sino que hay que atender a la forma en que se grava la materia imponible y al sentido de dicho gravamen”, relata Hacienda que indica que el impuesto al almacenamiento temporal afecta a una actividad resultante de la producción del combustible nuclear gastado, al igual que otras actuaciones, como la extracción del mismo del reactor o su traslado.
Precisamente, Martín denunció que se ha hurtado “por unos u otros” este informe a los grupos parlamentarios y aseguró que por las explicaciones recibidas no les “queda claro” lo ocurrido. Señaló que los postulados de Hacienda son “definitivos” y entroncan con la enmienda a la totalidad de los socialistas, que apoyaron sus tesis sobre otro informe “muy parecido” del Ministerio de Transición Ecológica.
Sin embargo, el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, denunció la “utilización política” de los medios públicos. “Me huele mal”, dijo porque los socialistas utilizaron un informe del Ministerio para la Transición Ecológica que tampoco tienen el resto de grupos políticos. Por ello, tachó de “político” el pronunciamiento de Hacienda y denunció que pese a firmarse a finales de septiembre, no llegó hasta un mes después a la Junta y, posteriormente, a las Cortes, que recordó tienen que calificar para admitir a trámite cualquier comunicación antes de remitirla a los destinatarios.