Más del 92% de los 96.642 viajeros  del transporte metropolitano optaron por el bono-transporte, que se consolida como la fórmula más utilizada por los usuario de esta red de autobuses que comunica a 26 municipios (53 localidades) y una población de 195.000 habitantes, incluyendo Burgos capital. Esta bonificación supone una reducción de casi el 47% del precio respecto al billete ordinario. Pese a ello, en el último año ha habido una caída en torno a los 3.000 usuarios con respecto a 2013.

Estos datos los facilitó ayer el director general de Transportes de la Junta de Castilla y León, Ignacio Santos, representante de la Administración que aporta el 86%de los 6 millones de euros de financiación que ha recibido este servicio desde su puesta en marcha en julio de 2007. El 14% restante lo aportan los ayuntamientos, algunos de cuyos representantes integran la Comisión Técnica del Transporte Metropolitano, reunida ayer en la sede de la Delegación de la Junta de Castilla y León.

En esta reunión, en la que se renovaron los cargos tras las últimas elecciones municipales, el responsable de la Junta agradeció  el esfuerzo de los seis operadores que gestionan las ocho concesiones administrativas. Estas empresas realizan más de 15.000 expediciones cada año y desde la puesta en marcha de estos servicios se han atendido a 700.000 viajeros.

«Viajero recurrente».

Santos subrayó que la generalización del bono-transporte supone una apuesta por el «viajero recurrente», el que utiliza todos los días estos autobuses «porque es el que verdaderamente lo necesita».

En esta línea, desde la Junta se   plantea mejorar la publicidad estática de las paradas en el casco urbano o avanzar en un abono combinado que permita el intercambio del autobús interurbano al urbano de la capital. «Todo queda abierto», puntualizó.

La posibilidad de ampliar los horarios y las paradas, matizó, es una cuestión que deben plantear los propios ayuntamientos interesados y que debe estudiar la ponencia técnica, valorando el coste de su financiación.

El director general de Transporte descartó la supresión de cualquier ruta por cuestiones económicas. «Partimos de la base de que este transporte es deficitario, de hecho los 6 millones de euros aportados en 7 años es porque hay un déficit. No tenemos ninguna intención de eliminar ninguna ruta, aunque sí se podrán ajustar de acuerdo con los ayuntamientos».