Las Cortes de Castilla y León acogerán el miércoles el debate de totalidad de la modificación legal con la que el Gobierno autonómico pretende gravar el almacenamiento de residuos nucleares y radiactivos, con una previsión de ingreso tributario de unos 10 millones de euros, según el cálculo aportado por la Consejería de Economía y Hacienda. La impulsora de este impuesto, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, no podrá presentar el proyecto de ley ante el pleno de las Cortes como suelen hacer los miembros del Gobierno, al encontrarse en Bruselas para defender junto a los sindicatos el mantenimiento de la factoría de Vestas en el municipio leonés de Villadangos del Páramo, donde ha anunciado su cierre.
La previsión del Grupo Popular, que respalda esta nueva tributación pensada por la Junta para "acelerar" la salida de estos residuos de la cerrada central nuclear de Garoña, es que este proyecto de ley de modificación aprobado en el Consejo de Gobierno del pasado 21 de junio supere el trámite de la enmienda de totalidad presentada por el PSOE, al ser rechazada al menos con sus 41 procuradores, descontada Del Olmo -también procuradora del PP-, según han informado a Efe fuentes de este partido.
La previsión es que únicamente los procuradores del PP voten contra la enmienda del PSOE, lo que bastaría para tumbarla y que siga la tramitación del proyecto de ley, mientras que el resto de los grupos en principio optarán por la abstención. Este tributo, cuyo ingreso ya presupuestó la Junta de Castilla y León para el presente ejercicio, se apoya en la modificación del impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, que de este modo incorpora este nuevo tipo de actividad gravada.
En el momento de la presentación del proyecto de ley, la consejera Pilar del Olmo destacó que este impuesto es de "devengo inmediato", por lo que de aprobarse antes del 31 de diciembre el ingreso procedente de la propietaria de Garoña, Nuclenor -propiedad al 50% de Iberdrola y Endesa-, sería inminente. No obstante, desde el PSOE vaticinaron la pasada semana que el impuesto no se sostiene legalmente, al gravar "un riesgo por primera vez en la historia", por lo que señalaron que con casi toda probabilidad será recurrido en los tribunales por Nuclenor.