La Comandancia de la Guardia Civil desplegó ayer en Canicosa de la Sierra a los agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial por mandato del juzgado de Salas de los Infantes, que ha ordenado una investigación sobre las condiciones en que viven varias decenas de ciudadanos rumanos que se dedican a la recolección de setas en los bosques de la comarca. Los efectivos de la Benemérita acudieron por la mañana hasta viejo secadero de madera en el que habitan estas personas para examinar si el lugar reúne los requisitos de salubridad y seguridad preceptivos. Se entrevistaron con el dueño de las nave, de la que solo una tiene licencia de almacén. En el día de ayer no se produjo ninguna detención, aunque el procedimiento sigue abierto en sede judicial, según pudo saber este periódico. Asimismo, los pabellones tampoco fueron clausurados y sus moradores, casi un centenar, continúan allí por el momento.
La Guardia Civil identificó a algunos de los ciudadanos rumanos que viven allí, aunque advirtieron de que cada vez quedan menos, pues ya se acerca el fin de la temporada. En todo caso el alcalde de la localidad, Ramiro Ibáñez, advirtió de que para observar en toda su dimensión el problema hay que acudir «o bien muy a primera hora de la mañana o ya por la tarde noche, cuando vuelven del monte».
Con todo, el propio regidor municipal reconoce que los instrumentos legales «para terminar con el problema» son prácticamente inexistentes. Para empezar, critica la propia inacción de las corporaciones locales, que carecen de normas para impedir la presencia masiva de seteros. Pero también alude a la Junta de Castilla y León, que «no dispone de una ley que regule los aprovechamientos de los hongos». «Las hay de los bosques, de los pastos, pero no de las setas», se queja.
En el pueblo los vecinos protestan, «pero no lo hacen abiertamente», quizá por temor a represalias. Ibáñez reconoce que no se han producido por ahora problemas de orden público, aunque hay que recordar que en Quintanar de la Sierra sí tuvo lugar hace diez días una disputa entre dos grupos de rumanos que terminó con un herido y un detenido por posesión de arma blanca. En cualquier caso, los habitantes del pueblo sí que han percibido un aumento de la basura y la suciedad en la zona, pues hasta defecan en la calle. El Ayuntamiento se ha visto obligado a desplazar varios contenedores hasta las inmediaciones donde viven hacinados estos recolectores de setas, ya que «tiraban los residuos en cualquier parte». «No lo solemos hacer; son los vecinos los que han de desplazarse hasta donde se encuentran los contenedores, pero no hemos tenido más remedio, por razones de limpieza y salud pública», remarca el alcalde.
Es el propio Ibáñez el que subraya que la presencia de estos grupos en la comarca entraña una doble preocupación para los habitantes de Canicosa. Por un lado está el problema de limpieza aludido, al que se une el temor a que se produzca una desgracia -por ejemplo un incendio- en la nave que ocupan estos ciudadanos. Y por otra parte el alcalde se refiere al estado en que queda el bosque tras su paso.
Muchos habitantes de la zona y propietarios del monte -porque hay que recordar que, aunque no está acotado, el bosque es propiedad de particulares- tienen miedo de que las prácticas de recolección que utilizan estos grupos termine «destruyendo los micelios», que es la masa vegetativa de donde nacen las setas. Con el empleo de rastrillos y otros objetos punzantes, «los daños pueden ser irreversibles» y para lograr que se regenere el bosque para el nacimiento de los boletus «podrían transcurrir 80 años». En el caso de los níscalos el tiempo sería de 20 años.
Por ello, Ramiro Ibáñez reitera la necesidad de que haya una legislación que ponga freno a la recolección indiscriminada de estos grupos. Además, lamenta que la escasez de guardas forestales de la Junta y de agentes del Seprona en la zona -dos- para la gran superficie que tienen que controlar impida sorprender a estos grupos en plena acción. En todo caso, la normativa ahora mismo solo permite identificarles y abrir un expediente de denuncia que ya tramita la Junta.