Uno de los termómetros más fiables de la situación socioeconómica española viene siendo desde hace años el Informe Foessa de Cáritas, cuya nueva edición se hizo pública ayer con datos demoledores: Solo el 34% de la población de este país no se ve afectada por ningún factor de exclusión social (empleo, vivienda, sanidad, educación). En Burgos las cosas son algo menos graves: «En esta provincia estaríamos en una situación un poco mejor debido al tejido empresarial, a la solidaridad de la gente y a los recortes sociales, que han sido menores, salvo en el ámbito de la cooperación internacional, que ha sufrido un hachazo tremendo».
Son palabras del delegado diocesano de Cáritas, Óscar Moriana, quien, después de constatar que la realidad local no arrastra tanta tragedia, explica cuál es su día a día. Lo más dramático, a su juicio, son los trabajadores pobres, es decir, esas personas que han encontrado un empleo pero que está tan mal pagado que no pueden prescindir de las ayudas de la ONG católica: «Hay mucha gente a la que nosotros hemos ayudado a encontrar trabajo pero que sigue viniendo a por alimentos porque su salario no le da para mantener unas condiciones de vida digna». El perfil del usuario de Cáritas es un varón español de mediana edad, en el paro y con hijos a su cargo. Los inmigrantes prácticamente han desaparecido de sus demandantes ya que en la mayoría de los casos han decidido volver a sus países de origen tras el fracaso de su proyecto vital en España.
El segundo caballo de batalla de Cáritas es la exasperante lentitud de la concesión de las rentas garantizadas de ciudadanía. Como mínimo tardan seis meses, y puede llegar hasta un año, en recibir esta ayuda las personas que no tienen absolutamente nada «¿Mientras tanto qué hace esta gente?», se pregunta el delegado diocesano. Cree que la falta de personal en la Administración está muy ligada a esta situación. También lamenta el copago sanitario que hace que muchos enfermos -sobre todo en el ámbito de la salud mental- no puedan acceder a la medicación que facilitaría su inserción social.
Y todo esto se está cronificando. No pueden decir, aseguran, que haya aumentado el número de usuarios pero sí que son incapaces de cerrar los expedientes abiertos porque los problemas no se resuelven. En el trienio 2011-2013 han ayudado a 25.000 personas y han repartido 5 millones de ayudas: «No estamos peor que antes pero tampoco esto va a mejor».
La crítica de fondo que hacen tanto Moriana como Alfredo Calvo, responsable de Sensibilización y Comunicación tiene que ver con el actual estado de las cosas que no les parece que vaya a sufrir un vuelco significativo: «Nos han cambiado el contrato social que existía por un contrato mercantil y el esfuerzo de esta crisis, que no es coyuntural, lo están pagando los más pobres». Pero son optimistas. Dicen que todavía se está a tiempo de arreglar la situación «si somos capaces de movilizar el capital social».