El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu archivó ayer la causa por las tarjetas black de Caja Madrid que seguía contra el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno y otros 11 exdirectivos de la entidad, aunque les mantiene en la causa como partícipes a título lucrativo del delito que habrían cometido en el reparto los exconsejeros de la compañía.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 señaló que los 12 exdirectivos a los que se archiva la causa eran empleados por cuenta ajena de Caja Madrid, por lo que no puede atribuírseles un delito de administración desleal como a los exmiembros del Consejo de Administración y del Comité de Control de la entidad, que aprobaron la concesión de las tarjetas opacas al fisco.
El magistrado argumentó que los imputados han podido demostrar que lo gastado con sus visas b era un complemento retributivo y de libre disposición para el usuario. El juez Andreu también decidió archivar el procedimiento para el exdirector general de Caja Madrid y número dos de Miguel Blesa, Matías Amat, y el exsecretario general del Consejo de Administración Enrique de la Torre.
También sobreseyó provisionalmente la causa contra el exdirector de Sistemas y Organización Ricardo Morado (que gastó 443.000 euros); el exdirector general de Banca Comercial Ramón Ferráz Ricarte (390.000); el exdirector de Banca Comercial y exconsejero delegado de la Corporación Caja Madrid Mariano Pérez Claver (354.100) y el exdirector de Comunicación Juan Manuel Astorqui (287.000).
Completan esta relación el exdirector gerente de la Obra Social Caja Madrid, Carlos María Martínez (271.900); la exdirectora de Auditoría Interna y exdirectora gerente de la Obra Social Carmen Contreras (277.000); el director de la Banca de Negocios Carlos Vela García (246.000); el exdirector de Riesgos Ramón Martínez Vilches (99.000) y el del Gabinete del Presidente y de Gestión de Activos Luis Gabarda Durán (134.800).
BENEFICIO. Entre los 12 ejecutivos obtuvieron 3,4 millones en gastos personales. El juez apunta que, «aun no siendo relevante desde un punto de vista penal», su conducta les permitió «obtener un beneficio económico procedente de la comisión de un delito», lo que les obligaría a «la restitución de lo percibido».
En este contexto, apunta que manifestaron «de forma invariable, uniforme y consistente» que las tarjetas les fueron asignadas como «parte de su retribución» por la Presidencia de Caja Madrid, en uso de las «facultades ejecutivas» de Miguel Blesa, lo que impide que sean imputados por un delito de apropiación indebida.