La entrada en vigor de la reforma laboral el pasado mes de febrero, que flexibilizó las condiciones para la extinción de contratos tanto en la empresa privada como en entidades de carácter público, no ha traído consigo una mayor litigiosidad en los juzgados de lo Social de Burgos. Los tres tribunales que operan en la capital registraron 750 casos de despido en los primeros diez meses del año 2012 (de enero a octubre), prácticamente los mismos que en 2011, según los datos que aportó la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León. Todos estos procedimientos ya han sido resueltos.
El número de sentencias, sin embargo, disminuyó en un 25%, si bien este descenso obedece a razones meramente estadísticas, según señala María José Renedo, presidenta de la Sala de lo Social del TSJ. En estos momentos la Ley permite acumular despidos en un mismo procedimiento, de ahí que la cifra de procesos no varíe de un año a otro pero sí la de resoluciones, que lo hace a la baja. De hecho, Renedo advierte de que la «resolución de conflictos planteados lleva el mismo esfuerzo o más por las últimas reformas legislativas» que han entrado en vigor.
Por contra, el número de suplicatorios (recursos en la segunda instancia, ante el TSJ) se ha incrementado un 22% de un año a otro, al pasar de los 141 contabilizados en los primeros diez meses de 2011 a 175 en el mismo periodo del presente ejercicio. La razón de este incremento puede responder a que tanto empresas como trabajadores entienden que la reforma, por lo novedosa, no se ha aplicado bien en sus casos y son más proclives al recurso. Aunque, como apunta Renedo, puede que se trate de «un incremento de casos coyuntural», que pueda corregirse analizando periodos más extensos.
La presidenta de la Sala de lo Social del TSJ considera que el cuarto juzgado de lo Social «es ahora más necesario que nunca en Burgos», igual que son precisos otros en Valladolid, León y Segovia. Pero el Ministerio de Justicia lleva años haciendo caso omiso a este requerimiento, que parece que no va a cumplirse en este periodo de vacas flacas, donde los recortes afectan a todas las áreas de la Administración.
Además, a pesar de que Renedo ha solicitado en Burgos un plan de refuerzo para dar salida a todos los asuntos que llegan a los juzgados de lo Social, el Ministerio no lo ha considerado oportuno. De hecho, solo ha aprobado poner a trabajar más jueces en esta jurisdicción en Valladolid.
La solicitud de ese plan de apoyo respondía a una doble necesidad. La primera, sacar adelante, con agilidad el gran número de procedimientos de despido iniciados en estos años de crisis económica. La segunda, combatir el descenso en el ritmo de resolución de casos como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma laboral, a la que todos los agentes de la Administración de Justicia vinculados a la jurisdicción Social han tenido que adaptarse en poco tiempo.
De hecho, desde el mes de febrero en que comenzó a aplicarse la reforma, «se han producido importantes cambios con la promulgación de la Ley, en el mes de julio, y con la publicación del reglamento regulador de la norma, el 29 de octubre». Jueces, secretarios, abogados y procuradores han recibido numerosos cursos en estos ocho meses para familiarizarse con la nueva normativa.
En estos momentos, los juzgados están señalando las vistas por procedimientos de despido para finales de enero, en unos casos, y de marzo, en otros. Es decir, que transcurren entre tres y cinco meses desde que se registra un asunto y se resuelve. «Estamos en tiempo», señala Renedo. Lo que ocurre es que los juzgados están dando prioridad a los despidos, en detrimento de otros asuntos, cuyos juicios se están fijando para dentro de cinco y seis meses. Por ello, insiste la presidenta de la Sala de lo Social del TSJ, «existe la imperiosa necesidad» del cuarto juzgado en Burgos.