Hace un año que la multinacional austriaca Kronospan le pidió a la Junta de Castilla y León colaboración para construir un ramal ferroviario que conecte la Aduana con sus instalaciones de Castañares.  Un proyecto que, según la maderera, impulsaría millonarias inversiones en la factoría de llegar a ejecutarse y que, lejos de caer en el olvido, cuenta ya con el respaldo de la Administración regional. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, y el de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, han asegurado a este periódico el «compromiso» de la Junta de sufragar el 50% del coste de la infraestructura. Eso sí, fijando «un tope» por si finalmente el desembolso de la actuación, previsto inicialmente en algo más de 14 millones de euros, se eleva más de lo esperado.

Suárez Quiñones detalló que el respaldo de la Junta, que se cuantificaría en aproximadamente 7 millones de euros, va más allá de llevar el tren hasta Kronospan ya que la idea es que el ramal, de una longitud aproximada de unos 5 kilómetros, pase también junto al Parque Tecnológico. La idea sería crear un acceso para prestar servicio a las empresas que allí se instalen. El consejero avanzó que se optará por la aprobación de un Plan Regional ya que esta figura «facilita la tramitación» de una iniciativa que es compleja ya que «afecta a suelo de tres términos municipales». Y entre cosas, será necesario realizar expropiaciones de terrenos.

El proyecto contempla que el ramal parta de la Terminal Logística de la Aduana (del Puerto Seco) y bordee con un gran giro el perímetro del aeropuerto en dirección Este (hacia Orbaneja Riopico). Discurriría en paralelo a la AP-1, pasaría por el Parque Tecnológico, donde se realizaría un acceso, y llegaría después a la factoría que Kronospan tiene en Castañares.

Por parte de la Consejería de Hacienda se pidió a la compañía que presente la documentación por la que solicitan que esta iniciativa sea considerada como un Proyecto Industrial Prioritario. Una tarea que la maderera realizó a finales de la semana pasada.

La figura del Proyecto Industrial Prioritario ha sido ya utilizada en el pasado por la Junta de Castilla y León para sacar adelante iniciativas como los parques de proveedores de Renault en Valladolid o Palencia o para el impulso de Nissan en Ávila. Entre otros aspectos, este instrumento lo que contempla es que en caso de que se tengan que producir expropiaciones se considere la actuación «de utilidad pública e interés social», lo que facilitaría la «necesidad y urgencia de la ocupación de los bienes afectados», o la «justificación para la concesión de forma de directa de subvenciones».

Precisamente lo que se ha barajado es la posibilidad de que la colaboración de la Junta en el ramal se realice en forma de subvención. E incluso, por agilizar tiempos, se contempla también que pueda ser Kronospan la que adjudique las obras. Aunque aquí, Suárez-Quiñones, que no esconde que es partidario de utilizar esta fórmula, afirma que se deberá mirar el encaje jurídico.

Preguntado por la proximidad del fin de la legislatura y ante la posibilidad de que sea otro Ejecutivo el que esté al frente de la Junta de Castilla y León a mediados de este año, Suárez-Quiñones defendió que «no me imagino que un Gobierno, sea el que sea, no continúe el proyecto». Una iniciativa, que según afirmó, «necesita Kronospan», que podría «atraer a proveedores» de la multinacional hasta Burgos y que será un aliciente para la llegada de empresas al Parque Tecnológico.

El consejero, no obstante, expresó su deseo de que sea ya a lo largo de «este mes o en la primera quincena de febrero», una vez que se conozca con más detalle el proyecto encargado por Kronospan, cuando se pueda «firmar un compromiso» por ambas partes.