El asunto de la plaza de toros de la capital ribereña sigue sumando capítulos nuevos y va camino de que acabe el año sin que se conozca una postura definitiva por parte del Ayuntamiento de la capital ribereña. A punto de culminarse el mes de mayo, fecha límite marcada en el diagrama de flujo para que los munícipe arandinos decidiesen si acudir o no a los tribunales para pedir la resolución del contrato que une al Consistorio de Aranda y a la empresa Toros Ricor, esta decisión aún no está tomada ni se espera que se produzca en próximas fechas.
El promotor del esquema de pasos a seguir para la conclusión definitiva de este proceso sobre la enajenación de los terrenos donde se levantaba La Chata y la posterior construcción de una plaza de toros cubierta, el concejal de Obras José Ignacio Díez, es consciente de las fechas en las que nos encontramos pero argumenta el retraso en la toma de decisiones con la necesidad de contar con el mayor número de datos posible para que se haga con seguridad para los intereses municipales. «Llevar un asunto así a los tribunales requiere ir lo más aplomado posible, no es bajar a dar voces a la cantina, sino que hay que hacerlo con mucha más responsabilidad», aseguró.
A la espera de tener en su poder el informe jurídico, la junta de gobierno que se celebra hoy incluye en su orden del día la aprobación del pliego técnico de condiciones para la contratación de esa auditoría externa, que tiene como objetivo «la realización de una auditoría externa en el Ayuntamiento de Aranda de Duero consistente en analizar mediante la utilización de técnicas de revisión, verificación y evaluación idóneas el cumplimiento de la legalidad vigente en los expedientes de contratación, de venta, urbanísticos, de obras y de prestación de servicios relacionados con la enajenación de los terrenos y adjudicación de la construcción de plaza de toros con cubierta móvil, la concesión y autorización para la celebración de festejos taurinos así como la construcción del citado inmueble», como relató la edil de Hacienda, Elia Salinero, compañera de partido de Díez.
Esta auditoría, que sale a contratación por un precio cercano a los 52.000 euros, tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses, a los que hay que sumar los al menos dos que se tardará en culminar los trámites administrativos para adjudicar este trabajo a una empresa. Para ello, el Ayuntamiento arandino se pondrá en contacto con al menos una docena de empresas del territorio nacional que se dedican a realizar auditorías a la administración pública y con «contrastada solvencia» en los trabajos que han realizado, explicó Díez.
El precio de la licitación se ha calculado en función del número de expedientes que tendrá que analizar la auditora. «Hicimos unas estimaciones bajas pensando que con la revisión de 15 o 20 expedientes podría ser, pero después de hablar con el secretario de la corporación y con la intervención y viendo que realmente son muchísimos más expedientes, al final se va a aumentar hasta 50 el objeto de la auditoria, por eso el importe es superior a lo que habíamos estimado en un primer momento», comentó Salinero, teniendo en cuenta que existen en torno a 90 expedientes sobre el asunto de la plaza de toros de la capital ribereña, muchos de ellos sobre temas menores.